Al cierre de esta edición, los detalles diferían, pero una idea es cobrar una tasa impositiva de entre 90% y 95%. El resto de los pagos estaría sujeto a gravámenes estatales y locales. Algunos consideran la medida como una forma de presionar a los ejecutivos a que renuncien voluntariamente a las bonificaciones.
AIG ha recibido 173.000 millones de dólares en ayuda estatal y el gobierno estadounidense es propietario del 80% de la firma. "Trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir que se hagan los pagos y para recuperar el dinero que ya ha sido desembolsado", dijo el senador demócrata del estado de Nueva York, Charles Schumer. El senador Schumer y otros parlamentarios enviaron una carta al presidente de la junta directiva de AIG, Edward Liddy, exigiendo que trate de renegociar las bonificaciones. "Para una empresa que no existiría de no ser por el rescate de 170.000 millones financiado por los contribuyentes, es simplemente inaceptable desde el punto de vista moral gastar 165 millones en el pago de bonificaciones", dijo la misiva.
El gobierno, por su parte, evalúa el uso de una cláusula del paquete de estímulo recientemente aprobado por el Congreso que le permitiría al secretario del Tesoro recuperar los pagos en caso de que fueran "inconsistentes con el propósito" del Programa de Alivio de Activos en Problemas -o TARP- o que estuvieran reñidas "con el interés público", dicen fuentes cercanas.
Los pagos han desatado una tormenta política para la Casa Blanca. El presidente Barack Obama sabía que tenía pocas facultades para impedir que los empleados de AIG recibieran los 165 millones de dólares, a pesar de que prometió antes las cámaras de televisión el lunes "bloquear estas bonificaciones", señalan funcionarios del gobierno.
Al final del día, la Casa Blanca reconoció que sus opciones eran limitadas. Su respuesta amenaza la agenda económica del gobierno estadounidense, en especial su capacidad para obtener nuevos fondos del Congreso para financiar paquetes de rescate.
AIG se ha transformado en un potente símbolo de los rescates que han pasado a definir la política estadounidense. Ayer, los legisladores recibieron miles de llamadas y correos electrónicos acerca de las bonificaciones otorgadas a ejecutivos de la división que provocó el cuasi colapso de la aseguradora.
En una serie de acusaciones, un funcionario de la Casa Blanca esencialmente culpó al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que ha tenido un papel preponderante en el rescate de AIG, por no haber informado al gobierno antes sobre los pagos. Agregó que el Tesoro desde hace mucho había pedido una lista de los pagos que se les debía a ejecutivos de AIG y otras firmas que recibieron fondos estatales, pero recibió la información recién el martes de la semana pasada. Ya era demasiado tarde para tomar una medida efectiva, aseveró.
Los planes para hacer los pagos fueron ampliamente divulgados en enero y algunas personas al interior de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro estaban al tanto, manifestaron fuentes cercanas. El Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, quien previamente dirigió la Fed de Nueva York, se abstuvo de participar en los asuntos de AIG a finales de noviembre luego de saber que sería nominado como secretario del Tesoro de Obama.
Aunque el gobierno controla AIG a través de una participación de 80% y en su calidad de prestamista principal, no tiene autoridad legal para frenar los pagos por su cuenta. Estados Unidos ha inyectado 173.300 millones de dólares en AIG, incluyendo 70.000 millones del fondo de rescate del Departamento del Tesoro.
La división de productos financieros de AIG, creada en 1987, vendía contratos que aseguraban a los inversionistas contra una serie de riesgos, aprovechando que la deuda de la empresa tenía una calificación de triple A, la más alta. En 2007, la filial incurrió en una pérdida operativa de 10.600 millones de dólares.
Los paquetes de retención estaban ligados a los niveles de salariales de 2007, según documentos de la empresa.Una portavoz de AIG se limitó a señalar que en la carta que Liddy le envió a Geithner el sábado, el ejecutivo expresó que encuentra que los pagos son "de mal gusto".
