La decisión de las autoridades chinas de introducir una cláusula 'Buy China', para dar preferencia al consumo de productos fabricados en el país frente a los importados en su paquete de estímulo de más de 400.000 millones de euros, añade un nuevo elemento de tensión al pulso entre el gigante asiático y sus socios comerciales, especialmente EEUU, y refuerza las preocupaciones respecto a la extensión del proteccionismo en respuesta a la crisis económica. En un decreto emitido conjuntamente por nueve agencias y departamentos ministeriales, Pekín recomienda que sólo se utilicen productos y servicios chinos, a no ser que no exista esa opción o los términos comerciales y legales no sean razonables, en los proyectos respaldados con los fondos públicos procedentes del plan de estímulo.