El grupo cementero mexicano Cemex presentará una demanda de arbitraje ante la confiscación por el gobierno de Venezuela de sus operaciones en el país suramericano después de que ambas partes no lograran un acuerdo sobre el precio de los activos. Cemex calificó la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de "violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela" y dijo que no respeta los principios del Derecho Internacional y "los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohiben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación". La cementera mexicana también dijo que tiene "la obligación ante sus accionistas de defender los intereses de la empresa", aunque está dispuesta a dialogar con el gobierno venezolana para encontrar una "solución aceptable para las partes". Venezuela anunció la nacionalización de la industria cementera en abril y expropió las operaciones de Cemex la noche del lunes, sin un acuerdo con la empresa. Cemex señaló que Venezuela ofreció 650 millones de dólares por su filial local, que calificó de inaceptable e inferior a la cantidad por tonelada de capacidad instalada que el gobierno venezolano acordó pagar a la francesa Lafarge y la suiza Holcim por sus participaciones mayoritarias en las filiales locales. El gobierno dijo que pagará a Holcim 552 millones por el 85% de su filial y a Lafarge 267 millones de dólares por el 89% de sus operaciones locales. Funcionarios venezolanos dijeron esta semana que ofrecieron 800 millones, mientras que Cemex pedía 1.200 millones de dólares. Cemex no hizo comentarios sobre la cantidad que pedía. En un informe, Morgan Stanley señaló que en base al precio por tonelada pagado por la filial de Holcim, las operaciones de Cemex en Venezuela deberían alcanzar los 1.000 millones de dólares.