El Ejecutivo comunitario "toma nota" de la decisión de GM de quedarse con Opel, aplicar su propio plan de reestructuración y no vender la mayoría de la empresa al fabricante de piezas canadiense Magna y el banco ruso Sberbank, según dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. "La Comisión espera que el nuevo plan de reestructuración de GM se base en criterios económicos sólidos para garantizar la viabilidad a largo plazo de Opel y empleos sostenibles para los trabajadores de Opel", resaltó.

Bruselas "verificará que cualquier ayuda financiera de los Gobiernos de los Estados miembros para el nuevo plan de recuperación de GM respete plenamente las reglas de la UE en materia de ayudas públicas y mercado interior", afirmó Todd. Y recordó que las ayudas públicas "deben servir para afrontar los problemas debidos a la crisis económica y financiera y no pueden usarse para imponer condiciones sobre la localización de las plantas de producción en la UE".

El pasado 17 de octubre Alemania aclaró a General Motors, por exigencia de Bruselas, que su paquete de ayudas por valor de 4.500 millones de euros "estaba disponible independientemente del inversor que se escogiera". El Gobierno de Berlín dejó claro además que GM tenía la oportunidad de reconsiderar su decisión inicial de vender Opel a Magna. El Ejecutivo comunitario forzó a las autoridades alemanas a ofrecer estas garantías tras constatar que éstas habían favorecido irregularmente la oferta de Magna porque beneficiaba a las plantas alemanas de Opel en detrimento de las de otros países como España, Bélgica o Reino Unido.

Pese a esta garantía, Todd explicó que la Comisión "no puede ahora obligar" a Alemania a dar la ayuda de 4.500 millones a GM. "Es el Gobierno alemán el que debe decidir si quiere ofrecer ayudas al nuevo plan de reestructuración", explicó. La función del Ejecutivo comunitario se limita a "verificar las condiciones de cualquier ayuda que se dé".