La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por aplicar incorrectamente la normativa comunitaria sobre comercialización de productos fitosanitarios en lo que se refiere a la protección de datos. La directiva en cuestión establece que los pesticidas sólo pueden comercializarse y utilizarse si han sido autorizados por las autoridades competentes de un Estado miembro. Estas autoridades conceden su visto bueno basándose en un expediente que les remite el solicitante. Como la preparación de los estudios necesarios para este expediente es cara, la norma concede un periodo de protección de los datos de 5 o 10 años.