Banco Santander está sondeando el mercado para la emisión de bonos sin aval del Estado, ya que la entidad no necesita recurrir a los avales públicos para realizar este tipo de operaciones, aunque aún no ha concretado la emisión. El banco que preside Emilio Botín estudia a menudo el mercado para realizar alguna emisión si considera que el precio es razonable, pero de momento no ha cerrado ninguna. Al tratarse sólo de un "sondeo" el importe de la emisión y el plazo no están detallados y dependerá de la demanda del mercado.
El banco no ha acudido hasta ahora a ninguna de las medida puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas, la emisión con aval del Tesoro, a la que sí han accedido ya numerosas entidades, principalmente, cajas de ahorros.

Las últimas emisiones realizadas se han hecho en el marco de esta ayuda y en conjunto se han puesto en el mercado más de 10.000 millones de euros. Las más recientes han sido las anunciadas por Caixa Galicia y Caja Madrid la pasada semana por importe de 1.250 y 2.500 millones de euros, respectivamente. Además el mercado descuenta que la entida podría estar ultimando una operación de al menos 1.000 millones de euros con un precio en torno a 145 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo, publica esta mañana Expansión.  Aunque en función de la demanda que perciban las entidades colocadoras contratadas, la emisión podría incrementarse incluso hasta los 2.000 millones, siempre y cuando se realice a un coste asumible.

Eso sí, sin recurrir al aval ofrecido por el Gobierno a las entidades financieras dentro de su plan de medidas anticrisis. Santander, el mayor emisor español (el año pasado captó 13.330 millones a través de deuda), confía en su solvencia y reputación en el mercado para no necesitar ir de la mano del Estado. Un movimiento similar al de su rival BBVA, que el pasado mes de enero captó otros 1.000 millones en bonos a cinco años. Además, recurrir la ayuda estatal encarecería, según los expertos, el coste de la operación, debido al precio fijo que debería abonar al Tesoro.

Una operación que confirmaría que los inversores siguen apreciando la solvencia del sistema financiero español a través de uno de sus principales representantes.