De hecho, apuntó que la línea del ICO para pymes, dotada este año con 7.000 millones de euros, cuenta aún con unos 1.000 millones de euros por asignar y sólo queda un mes y medio para cerrar el año, frente a lo ocurrido en años anteriores, en los que se agotaba mucho antes de que concluyera el ejercicio. "Aunque se destine más dinero a estas líneas del ICO no se van a utilizar porque los bancos tienen miedo a prestar y, para ello, es necesario que el Gobierno avale los créditos", reiteró Lorenzo Amor. Además, advirtió de que el nivel de exigencia de los bancos a la hora de conceder préstamos es tan elevado, que sólo el 10% del tejido empresarial cumple con los requisitos para acceder a estos créditos.
En concreto,
lo que plantea ATA es ampliar las líneas ICO dirigidas a pymes y emprendedores y destinar una parte de las mismas, por ejemplo un 40%, a proporcionar circulante a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos. Para evitar que las entidades financieras 'frenen' estas inyecciones por posibles pérdidas, ATA propone que los préstamos del ICO sean avalados por el Estado en un 40%-50% y que el resto lo asuma la banca, y todo ello de manera temporal, durante un plazo de dos años.
