La crisis del coronavirus ha sumido a Europa en un dilema existencial. Otro más. En lo que parece una constante en el último y largo decenio. Avanzar hacia un estadio de integración superior y rescatar la bandera de la solidaridad. O empezar a desmantelar su entramado supranacional. Y la balanza parece inclinarse del segundo lado. A pesar del trastorno que ha supuesto el Brexit y de la certeza de que la austeridad no aceleró, sino que retardó, los efectos sobre el euro y la deuda del credit-crunch de 2008 entre los socios monetarios europeos, el euroescepticismo se apresta a instalarse de nuevo a lo largo de los distintos territorios de la Unión. A juzgar por la renovada resistencia de Alemania -y de sus socios de norte, ortodoxos en las cuentas antes que generosos en los recursos para hacer frente a emergencias económicas de suma gravedad como la que engendró la quiebra de Lehman Brothers o la que ha traído el Covid-19. El FMI ha sacado los colores al tándem que personifican Angela Merkel y su homólogo holandés, Mark Rutte, las dos voces más neoliberales de la Unión, al que se han unido Finlandia y Austria, para completar un póker de socios inflexibles a la hora de acometer recetas de riesgos compartidos -eurobonos para mutualizar la deuda colectiva del área monetaria-; liberar recursos urgentes -programa de estímulo fiscal con un cheque al portador generoso- o destinar fondos a un Plan Marshall de reconstrucción económica del mercado interior. La institución que dirige Kristalina Georgieva, que ha alertado de que la recesión provocada por el coronavirus será, al menos, tan perjudicial como la depresión de hace once años -“o peor”, matizó a continuación-, y que marcó como prioridad “el combate clínico e investigador contra el coronavirus y el reforzamiento de los sistemas de salud” para, de inmediato, “socorrer el impacto económico, que será severo” ha puesto cifras a los mecanismos de contención presupuestaria -autoridades políticas- de estímulo monetario -bancos centrales- y a las facilidades financieras reales en los mercados que cada país ha puesto en marcha en el último mes para contener la pandemia económica.
Una vez se frene la pandemia, lo urgente será el despegue de la actividad, afirma Georgieva que pidió “acciones fiscales extraordinarias”. Fueron las palabras que antecedieron a un anuncio de suma trascendencia por parte del Fondo Monetario. Para predicar con el ejemplo, su directora gerente anunció el empleo de toda la capacidad prestamista del Fondo Monetario, fijada en 1 billón de dólares, para economías en desarrollo -emergentes o de rentas bajas, a quienes debe auxiliar como prestamista de última instancia, según sus estatutos fundacionales- que entren en escenarios de riesgos de quiebras. Además de sus recursos contra catástrofes (CCRT) destinado a los países más pobres. Una especie de dique de contención urgente, en un momento en el que el Covid-19 empieza a desplegarse por África y América Latina y un número cada vez más denso de sus sistemas productivos, a resentirse.
Desde la sala de máquinas del FMI, pues, se alerta estas semanas de un hecho incuestionable: los programas de estímulo fiscal son, del todo punto, insuficientes. Todo un aviso a navegantes … con acuse de recibo especial en las procelosas aguas europeas. Advertencia que también llega desde el G-7, el club de los países ricos que, en su última reunión de urgencia, casi en paralelo a la del G-20 emitió llamadas urgentes en favor de la estabilidad de los precios del petróleo, con destino a la OPEP y otras potencias productoras -petición que parece haber dado sus frutos- mientras daba instrucciones claras para luchar contra el coronavirus “con todos los esfuerzos fiscales”. En línea con el bazooka financiero diseñado por EEUU para, desde esas corazas, poder emprender “una nueva senda de crecimiento más dinámica y sostenible”.
Mensaje de especial calado crítico a Europa
Del diagnóstico del FMI, la UE -o, para ser más precisos, la zona del euro- no sale bien parada. El montante de recursos directos -destinados a hogares y a empresas- de los planes de emergencia presupuestaria activados en el mundo apenas supone 2,8 billones de dólares, equivalente al PIB de Francia, lo que supone el 3,3% de la economía global. Dato que perfila aún más el servicio de estudios de Bank of America Merrill Lynch, al asegurar que, si se excluye las partidas a fondos perdidos para sostener la recesión del potente desembolso económico lanzado por el Congreso de EEUU y aprobado de inmediato por la Casa Blanca, de 2 billones de dólares en conjunto, esta ratio se reduce a tan sólo el 1% del PIB del planeta. Porcentaje que ronda el tamaño productivo holandés, decimoséptimo del mundo. En términos brutos, el G-20 ha sido la institución que ha aportado la mayor factura entre sus socios -las principales potencias industrializadas y mercados emergentes del mundo- que acaparan el 90% del PIB y el 80% del comercio internacional y cuyos planes fiscales nacionales han superado, en conjunto y a tenor de sus cálculos, los 5 billones de dólares. Más que le PIB alemán, el cuarto del planeta. El montante bruto total en todo el mundo de ayudas asciende un billón más, hasta los 6. Ni siquiera el tamaño de la economía de Japón, la tercera global.
El análisis sobre los distintos programas de estímulo económico, monetario y financiero del FMI dedica un apartado específico a la UE. Actor colectivo habitual en las cumbres del G-20 por su condición de principal potencia comercial del planeta. Y segunda económica, a tiro de piedra del PIB de EEUU. De sus medidas claves en el apartado fiscal destacan los 37.000 millones de euros, el 0,3% del PIB de los socios europeos, una movilización exigua de recursos -dicen los expertos del Fondo- en la que se incluye la llamada Iniciativa Inversora de Respuesta al Corona, de apoyo a hospitales, pymes, mercados laborales y regiones especialmente atacadas por el coronavirus. Además de una extensión del Fondo de Solidaridad de la UE que activaría, si fuera preciso, algo más de 800 millones de euros en 2020, además de una partida del programa presupuestario del actual septenio comunitario, por valor de 1.000 millones de euros. Y una coraza de garantías y avales al Fondo de Inversión Europeo para estimular la liquidez de bancos y proveerla. También con el apelativo de “si así lo justificara la recesión”, a las pymes. Demasiado poca munición para -recuerda el FMI- haber levantado desde Bruselas la cláusula fiscal del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, y haber suspendido, en consecuencia, los draconianos ajustes presupuestarios por debajo del 3% del PIB a sus estados miembros.
Sin embargo, Europa parece empeñada en no dar su brazo a torcer. La nueva cita de urgencia del Eurogrupo, reunido una vez más esta semana, ha ofrecido otro sonoro fracaso para perfilar un plan económico-fiscal genuinamente europeo y con la capacidad financiera suficiente como para ejercer de coraza a prueba de resistencia del euro. Los titulares de Finanzas de la eurozona siguen empecinados en forjar la solución en torno al fondo de rescate europeo, el denominado Mede. En contra del criterio de Francia, España e Italia -y, al menos, otros seis socios- de un plan más ambicioso que permita acceder a las excepcionales necesidades de financiación que exige la pandemia económica derivada del coronavirus. Y que ha sumido a Francia, el primer socio del área monetaria en dar datos del primer trimestre del año, en su recesión de mayor calibre desde que finalización de la Segunda Guerra Mundial. La estimación inicial del Banco de Francia sobre la actividad de la segunda economía del euro entre enero y marzo cifra la recesión en un 6%, un dato de suma severidad y que anticipa un “colapso simultáneo” de contracción en Europa, tal y como admite el organismo supervisor galo. La profundidad de la caída sólo guarda parangón en tiempos de paz con las revueltas de mayo de 1968, cuando las protestas sociales hundieron el PIB francés un 5,3%. Aun así, el Eurogrupo, que volverá a reunirse otra vez más, se niega a sacar la artillería presupuestaria para evitar una debacle de una virulencia excepcional. Pese al riesgo de que aflore un euroescepticismo por todas las latitudes de la Unión.
Exigencias de acciones concertadas globales
En este punto, el déficit de recursos globales -y europeos- se enmarca también la crítica de una carta de más de un centenar de personalidades de índole mundial, entre los que destacan ex dirigentes -jefes de Estado o de Gobierno- de 70 países, expertos económicos y observadores internacionales y diplomáticos de primer orden, en la que exigen un liderazgo multilateral, de dimensión mundial, una acción concertada, como reclaman el FMI y la OCDE, para evitar que el coronavirus se convierta en una plaga sanitaria global y sumerja al PIB planetario en una recesión sin precedentes. La iniciativa está abanderada por el antiguo premier británico Gordon Brown -y arquitecto de la mayor fase de expansión económica del Reino Unido en la historia reciente como chancellor of the exchequer en los sucesivos gobiernos del laborista Tony Blair-, Erik Berglöf, ex economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y director del Instituto de Estudios Globales, adscrito a la London School of Economics and Political Science, y Jeremy Farrar, responsable de Wellcome Trust, una fundación de caridad dedicada a la mejora de los sistemas sanitarios. En su misiva alerta de la posibilidad de que esta crisis se recrudezca en zonas vulnerables de Asia, África y América Latina y reclama la inmediata liberación de 8.000 millones de dólares para crear un Comité de Monitorización y Prevención Global de la pandemia, que destine 1.000 millones a la OMS, otros 3.000 dirigidos a investigación de vacunas, a través del CEPI y el GAVI, dos instituciones de sobrada eficacia reconocida en la superación de recientes pandemias en países en desarrollo, y que requieren de 7.400 millones para poder operar a pleno rendimiento en esta crisis, y otros 2.250 millones para tratamientos terapéuticos urgentes. Estas serían inyecciones inminentes, porque para abordar con garantías la lucha contra el Covid-19 precisarán de, al menos, otros 35.000 millones de dólares para evitar futuros contagios.
Pero este nutrido grupo de expertos y de autoridades políticas demandan otro medio billón de dólares en Special Drawing Rights (SDR`) o Derechos Especiales de Giro, la moneda virtual con las que los países donantes del FMI nutren las arcas de la institución multilateral en función de su peso financiero -y su capacidad de voto dentro de su comité ejecutivo- para facilitar su rol de apagafuegos de la economía mundial. Además de otros 46.000 millones desplegados desde los organismos de ayuda al desarrollo (Banco Mundial y sus hermanos regionales) y 2 billones más liberados por parte de las agencias de Naciones Unidas que deberían enfocarse a acelerar el reto de la sostenibilidad como base para relanzar la economía tras el receso de actividad que, según el consenso del mercado, durará al menos dos trimestres. En el mejor de los casos, en el que el despegue sería en forma de V. Aunque cada vez hay más partidario de una recuperación en U, más tardía e, incluso, en L, que relegaría la reactivación a 2021.
Entre las personalidades que firman la carta, publicada en Project Syndacate, aparecen primeros ministros recientes, como el irlandés Bertie Ahern, el holandés Jan Peter Balkenende, un firme defensor de la integración europea, el portugués José Manuel Barroso, antiguo presidente de la Comisión Europea, Valdis Birkavs, de Letonia, Tony Blair, británico, James Bolger, neozelandés, o Kjell Magne Bondevik, noruego. O Joschka Fischer, líder del partido ecologista Verde y ex jefe de la diplomacia germana, así como mandatarios socialistas españoles, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y latinoamericanos -entre otros- como los colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana o Juan Manuel Santos, el chileno Ricardo Lagos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el uruguayo Luis Alberto Lacalle o el argentino Mauricio Macri. Así como John Major, ex premier conservador británico. O Jean Claude Trichet, segundo presidente del BCE y el primer ministro de Exteriores europeo, Javier Solana. Además de George Soros, los premios Nobel de Economía 2001, Michael Spence y Joseph Stiglitz, quien ocupó el cargo de economista jefe del Banco Mundial o Nicholas Stern, ex vicepresidente del Banco Mundial, responsable económico del BERD y una de las personalidades más combativas contra el cambio climático. Todos ello se muestran partidarios de que el G-20 sea el foro que coordine las labores de ejecución de estos recursos a escala mundial.
