El Tribunal de Comercio Internacional de EEUU anuló ayer los aranceles recíprocos mundiales del presidente Donald Trump, ordenando a la administración que dejara de aplicarlos. El fallo bloquea el arancel base del 10% impuesto por Trump a la mayoría de las importaciones, así como los aranceles adicionales a China, Canadá y México, pero no los aranceles sectoriales, como los impuestos al acero, el aluminio y los automóviles.
Un panel de tres jueces dictaminó que Trump se excedió en cualquier facultad otorgada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al imponer los gravámenes a las importaciones.
Trump basó la promulgación de tarifas generalizadas a las importaciones en la IEEPA, alegando que los déficits comerciales creaban una emergencia nacional. Sin embargo, el Tribunal señaló en su fallo que la IEEPA “no otorga” al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles ilimitados a casi todos los países, y que la Constitución otorgaba al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio.
El tribunal, con sede en Manhattan, no solo ordenó la suspensión permanente de la mayoría de los aranceles de Trump, sino que también prohibió cualquier modificación futura de los mismos. Asimismo, dio a la Casa Blanca 10 días para completar el proceso formal de suspensión de los aranceles. La administración Trump apeló rápidamente el fallo.
Pero más allá del resultado de esta apelación, los economistas de Goldman Sachs avisan de que el Gobierno estadounidense cuenta con algunas herramientas que podrían garantizar que el problema sea solo temporal.
“Este fallo representa un revés para los planes arancelarios de la administración y aumenta la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de EEUU”, apuntan los analistas de Goldman Sachs en una nota de investigación.
“Por ahora, esperamos que la administración Trump encuentre otras maneras de imponer aranceles”, añaden.
Opciones que tiene Trump sobre la mesa
El banco de Wall Street recuerda que la administración Trump cuenta con otros medios legales para imponer aranceles. Estos incluyen la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, así como la Sección 301 y la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930. También la Sección 232, que se aplica para los aranceles del aluminio y el acero.
La Sección 122 no requiere una investigación formal y, por lo tanto, podría ser una de las maneras más rápidas de sortear el obstáculo judicial.
“La administración podría reemplazar rápidamente el arancel general del 10% con un arancel similar de hasta el 15% bajo la Sección 122”, afirman los analistas de Goldman. Sin embargo, dicha medida solo duraría hasta 150 días, tras los cuales la ley exige la intervención del Congreso.
Trump también podría iniciar rápidamente investigaciones bajo la Sección 301 sobre socios comerciales clave de EEUU, sentando las bases burocráticas para la imposición de aranceles, aunque Goldman afirma que este proceso probablemente le llevaría varias semanas como mínimo.
Los aranceles de la Sección 232, que ya están vigentes para las importaciones de acero, aluminio y automóviles, también podrían ampliarse a otros sectores.
Por último, la Sección 338 permite al presidente imponer gravámenes de hasta el 50% a las importaciones de países que discriminan a EEUU. Goldman Sachs apunta a que esta última medida no se ha aplicado nunca antes en la historia.
