La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada este mes de febrero por el Ministerio de Hacienda por la que se han aprobado los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

Se basan en el dictamen en el que el el Banco Central Europeo (BCE) avisó de las "contraproducentes" consecuencias que la nueva figura tendrá sobre el crédito, la macha de la economía e incluso para los usuarios que serían los responsables últimos de pagarla.

El recurso recae directamente sobre la orden ministerial, y las patronales esperan que la Audiencia se pronuncie en un plazo estimado de dos meses. Y si lo hace en su favor, Hacienda tendría que modificar esa orden ministerial que, entre otras cosas, señala que el impuesto recae sobre los ingresos, punto que ha sido reiteradamente criticado por las entidades. Lo que no han hecho los bancos es pedir la suspensión cautelar del impuesto, lo que podría haber supuesto la suspensión temporal del pago del gravamen. Esto es, que pagarán el impuesto con independencia de lo que posteriormente diga la Audiencia.

En diciembre, España aprobó una tasa temporal sobre los bancos con la que se pretendía recaudar 3.000 millones de euros (3.200 millones de dólares) hasta 2024 para financiar medidas destinadas a aliviar las presiones del coste de la vida.

La AEB y la CECA, confirmando una información anterior de Reuters, dijeron en un comunicado que habían presentado dos recursos ante la Audiencia Nacional de España "impugnando la Orden Ministerial (...) del nuevo gravamen a la banca".

Ni las asociaciones, que representan a algunos de los mayores bancos españoles, como Banco Santander, Caixabank y BBVA, ni la Audiencia Nacional dieron más detalles.

Las asociaciones recurrieron porque consideran que la tasa contraviene las normas de igualdad de condiciones en Europa y distorsiona la competencia, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto que pidieron no ser citadas porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa.

En noviembre, el BCE también dijo que los posibles efectos adversos podrían incluir un mayor coste del crédito para los clientes.

Una forma alternativa de impugnar el gravamen fiscal sería un recurso directo contra las autoridades fiscales para reclamar el dinero una vez que hayan efectuado su primer pago, previsto para antes del 20 de febrero.

Pero los procedimientos legales asociados podrían tardar 18 meses en llegar a la Audiencia Nacional, dijo una de las fuentes, añadiendo que esta vía seguía abierta para los prestamistas individuales a pesar de la acción de las asociaciones ante la Audiencia.

Las empresas pueden recurrir en un plazo de cuatro años contra la Agencia Tributaria y disponen de dos meses para apelar la orden, señalaron las fuentes.

Hasta ahora, sólo Bankinter ha dicho públicamente que impugnará por separado la tasa, mientras que entidades bancarias como Santander y BBVA han señalado que considerarían hacerlo.

El Gobierno presentó la propuesta de crear un gravamen temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas en julio para recaudar un total de 7.000 millones de euros hasta 2024.

Analistas, bancos y empresas energéticas han afirmado que el impuesto podría tener un impacto de cientos de millones de euros en sus ingresos o préstamos.