Como en anteriores episodios de contracción. Solo que, en esta ocasión, las empresas hispanas han conseguido convertir sus negocios internacionales en un elemento estructural de la economía. Con casi 53.000 firmas exportadoras regulares, las que llevan más de cuatro ejercicios con ventas regulares al exterior y facturaciones consolidadas procedentes de terceros mercados en sus cuentas de resultados. Gobierno, patronal explican sus políticas y recetas para impulsar la internacionalización.
Estrategas como los de Bank of America Merrill Lynch han llamado a sus clientes, en varias notas oficiales, a superar la década de dinamismo y a abrazar tendencias innovadoras que conduzcan a un nuevo paradigma, un nuevo ciclo de negocios que propiciará “distorsiones” y cambios de planteamientos drásticos “en las empresas y los inversores”. En un ejercicio, el actual, dominado por el Covid-19 y con un confinamiento social aún incierto en el tiempo y en las réplicas -posibles rebrotes- así como en la intensidad -mayor o menor, según las latitudes- de la desescalada que ha conducido al mundo a un “punto de inflexión” en el orden geopolítico y económico-financiero de consecuencias bastante inciertas, tal y como alerta Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group. Pero que ya había acumulado en los últimos años vestigios suficientes para pensar que el modelo de búsqueda de rentabilidades y beneficios para el reparto de dividendos, necesita transformar puntos neurálgicos o incorporar nuevos instrumentales de mando. Desde planes estratégicos en los que predomine la huella ecológica que cautiven a accionistas e inversores hasta cambios en sus cadenas de valor o en sus ecosistemas comerciales para asegurar la producción y fidelizar a clientes con una mentalidad cada vez más telemática. La digitalización y la sostenibilidad, pues, irán de la mano en las tácticas de los ejecutivos y en los programas de actuación de los directivos empresariales. De las grandes multinacionales, pero también de las firmas de menor dimensión. La vocación internacional, en consecuencia, deberá abordar nuevos parámetros productivos y, en consecuencia, competitivos para adquirir la musculatura que requiere el mercado global.
El Gobierno español admite su confianza en la capacidad del sector exterior para que actúe, una vez más, de catapulta hacia el nuevo ciclo de negocios. Como en anteriores transiciones a otros periodos de bonanza. La expansión de las empresas españolas en la década de los noventa hacia los mercados latinoamericanos -la primera fase de su internacionalización- y la de la década que le sucedió -la primera de este siglo- en la que penetraron con éxito en EEUU y Europa con unas adquisiciones de primer orden en sectores estratégicos como el energético, telecomunicaciones o banca y construcción, ha logrado consumar una diplomacia de perfil más mercantilista que se ha ido asentando en los quehaceres de las embajadas en el exterior. Hasta labrar una imagen-país que, con sus altibajos -la última señal de deterioro se produjo a raíz del rescate bancario de 2012-, ha generado una perspectiva positiva. Porque, como aducen los expertos en esta materia, la concepción de la marca-país, “es intrínseca a la competitividad labrada en el exterior, que no siempre es precisamente uniforme”.
Valoración gubernamental española
Desde la Secretaría de Estado de Comercio se asegura que, “debido a su trayectoria reciente en los mercados internacionales, el sector exterior hispano ha adquirido una capacidad reforzada para contribuir al despegue de la actividad” en el escenario post-Covid y, de forma gradual, en el proceso de desescalada del confinamiento, explican fuentes del ministerio de Industria, al que está adscrita este departamento. En 2019 el comercio internacional estuvo sujeto a importantes tensiones, aclaran. Y, “en este exigente contexto, nuestro sector exterior fue capaz de cerrar el año con un moderado dinamismo y ha iniciado 2020 con resultados muy prometedores, tanto en crecimiento -del 3,5% acumulado interanual- entre enero y febrero, meses que precedieron a la declaración del estado de alarma. “Esta evolución confirma que España cuenta con un tejido empresarial competitivo que, en cuanto se inicie la recuperación, ha de ser capaz de reafirmar su posición en el mercado internacional” dicen esas mismas fuentes a Estrategias de Inversión.
Comercio también incide en el reforzamiento de varios factores en los últimos ejercicios, como la ampliación de la base exportadora, que “ha aumentado de forma ininterrumpida, contando con unas 53.000 empresas que exportan de manera regular”; diversificación geográfica, que ha supuesto “una menor dependencia de la zona euro y un mayor peso de las exportaciones a Asia, África y Norteamérica y América Latina” y el creciente peso del comercio exterior de servicios, “en particular, de los no turísticos” que, en las últimas dos décadas, se han cuadruplicado, hasta alcanzar los 69.000 millones de euros en 2019. Además de “la inserción de España en las cadenas globales de valor a unas tasas promedio superiores a la de los países de la UE y OCDE”. Todo ello induce a pensar que la aportación del sector exterior al despegue será dinamizadora.
A pesar de que “la presencia en mercados geográficos o sectoriales que resulten afectados por la crisis -así como la inserción en cadenas globales que deban reorganizarse-, requerirán de una mayor capacidad de adaptación de las empresas, a la que debe contribuir la política de fomento de la internacionalización”. Motivo por el que la Secretaria de Estado de Comercio -avanzan estas fuentes- “se está realizando, en diálogo y en connivencia con las empresas, diagnósticos y análisis de mercados internacionales, así como de percepción de firmas globales o con potencial exportador, sobre la coyuntura económica y geopolítica venidera”. En este sentido, además, “se está rediseñando y reorientando el Plan Bienal 2021-2022, que forma parte de la Estrategia de Internacionalización, con objeto de “allanar el camino de las empresas al exterior”, cooperando -enfatizan- con Cámara España y CEOE, entre otros interlocutores de empresas representativas españolas con presencia en el exterior, para “identificar nuevas oportunidades de mercado”. Así como la promoción de préstamos de apoyo financiero a la internacionalización a través de CESCE (con una línea extraordinaria de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización y con una gran demanda por parte de las empresas) y a la preparación para “el día después”, vía ICEX. Mediante instrumentos como webinarios de formación y capacitación empresarial sobre mercados internacionales, servicio a empresas sobre el terreno a través de la red de oficinas económicas y comerciales en más de un centenar de países. O el nuevo servicio de consultoría ICEX eMarketServices, que se enfoca a facilitar a las empresas españolas la elaboración de un plan estratégico de venta online internacional personalizado, con la ayuda de consultores expertos en ecommerce y la garantía del conocimiento de exportación de ICEX. Uno de los grandes desafíos de la digitalización.
En el conjunto de 2019, las exportaciones españolas crecieron un 2,3% más respecto al ejercicio precedente. Si bien el número de exportadores totales repuntó un 2,5%, hasta totalizar 209.233 operaciones empresariales en el exterior. Por un valor de 290.089 millones de euros, un 1,8% más que en 2018. Y exactamente 52.949 firmas regulares -las que llevan más de cuatro ejercicios con ventas regulares al exterior y facturaciones consolidadas procedentes de terceros mercados en sus cuentas de resultados- contabilizadas. El factor que determina que el tradicional músculo coyuntural del sector exterior, en crisis precedentes, ha pasado a ser estructural. Es decir, que las empresas con vocación internacional lo son con independencia de la fase que atraviese el ciclo de negocios -más o menos vigoroso- y se han asentado en las operaciones globales. En este tránsito, los destinos preferenciales del sector exterior español son, por este orden, Francia, EEUU, China, México, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Australia, en función de las distintas áreas y subregiones continentales. Aunque el top-ten continúe dominado por socios europeos. Dicho de otro modo: las firmas hispanas han llegado a los mercados mundiales para quedarse.
Un triple salto hacia la internacionalización
Las dos décadas de esta centuria han servido para superar estereotipos. Por ejemplo, en la difícil tarea de que, en EEUU, se identificara a España como “la mayor economía ¡de América Latina!” una conclusión que estaba en el subconsciente empresarial colectivo a comienzos de este siglo, cuando la diplomacia hispana asumió tesis más mercantilistas para facilitar el acceso de firmas y productos made in Spain en mercados exteriores. Con planes estratégicos, tanto geográficos, como sectoriales, dirigidos desde el Palacio de Santa Cruz -la sede del Ministerio de Exteriores- que llegaron a convertir a España, en 2007, en tercer inversor mundial, al superar los 100.000 millones de euros de capital, a llamar a las puertas del G-7 o a superar a Italia en renta per cápita pese a su menor presión demográfica. La crisis de 2008 alteró el proceso. Ante la pujanza de los grandes mercados emergentes, que relegaron al PIB hispano al decimotercer lugar en el ranking global por tamaño, a precios -en dólares- constantes de mercado. Pero la ruptura del proceso que ocasionó el credit-crunch de 2008 no ha interrumpido, sin embargo, el perfil económico que ha adquirido el cuerpo diplomático y su cooperación constante con los técnicos comerciales en las legaciones españolas en el exterior. En respaldo de las empresas. Con un alza exponencial de los encuentros entre empresarios y embajadores además del diálogo con las empresas del Ibex-35 e instituciones vinculadas al sector exterior, con el claro objeto de canalizar las iniciativas de colaboración público-privadas. Una estrategia que ha contribuido a revitalizar el peso exterior a lo largo de la pasada década.
Hasta el punto de que el valor acumulado del capital español en el exterior está aún por encima de su ratio global, de la dimensión de su PIB, contabilizado por el FMI en 1,3 billones de dólares. La OCDE revela que el stock de inversiones directas (IED) españolas acumuladas en el exterior ascienden a 659.000 millones de dólares. Una de las diez potencias mundiales.
Sin embargo, la hibernación a la que ha sido sometida la economía española, como las del resto del planeta, en mayor o menor medida, por la crisis del Covid-19, ha dejado el cuadro de mando económico en un limbo, aunque con presagios más que negativos. Con una recesión de enorme calibre y sin parangón en tiempos de paz -nunca vista desde la Guerra Civil- y una radiografía de tintes preocupantes que emana semanalmente desde el Banco de España. Entre otras entidades e instituciones. En su última versión de los acontecimientos, la autoridad regulatoria respalda el fondo de reconstrucción europeo, aunque se decanta por una revisión del planteado por el eje franco-alemán. De modo que a los recursos de medio billón de euros anunciado por París y Berlín se sume un brazo inversor europeo capaz de adquirir compras de deuda soberana de socios en dificultades con una condicionalidad al estilo de las contrapartidas del FMI al liberar sus líneas de financiación a naciones amenazadas por suspensiones de pagos: una batería de reformas estructurales de obligada aprobación, pero propensas al crecimiento por un montante de 1,5 billones de euros, que, sumada al medio billón, se acercaría a la recomendación del Parlamento Europeo de habilitar un gran programa de estímulo fiscal de 2 billones de euros. De manera que el Banco de España da su bendición a variables de condicionalidad. Recursos por reformas. Toda una novedad para tiempos de crisis. O, para ser más precisos, para abordar la Gran Pandemia, la recesión más grave de la historia contemporánea. De la que España deberá salir también por medios y recursos europeos. Porque, según los cálculos del organismo de supervisión español, el PIB nacional caerá este año entre un 9,5 % y un 12,4 %, pese a que baraje incrementos de un 6,1% o, incluso, el 8,5%, en 2021.
“Nos enfrentamos a una perturbación de una magnitud sin precedentes", advirtió hace unas fechas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la Comisión de Asuntos Economía del Congreso donde reclamó esfuerzos presupuestarios urgentes para paliar los daños colaterales, pero inmediatamente después requirió un acuerdo político “de varias legislaturas” para sanear las cuentas públicas a medio plazo. En definitiva, unos nuevos Pactos de la Moncloa que alejen al país del galopante paro juvenil estructural y encamine la producción a variables de competitividad y productividad. Es decir, de digitalización. Porque hay que encarar los retos con “prontitud y decisión”, recalca Hernández de Cos, lo que precisa, además, de una revisión de los gastos públicos, que sea permanente -“periódica y sistemática”- que permita alternar periodos de desembolsos extraordinarios, como el actual, con otros de ajustes que acerquen la economía española al equilibrio presupuestario.
Al final, la propuesta de la Comisión ha rebajado el perfil alto de la Eurocámara. Serán, si así lo aprueba finalmente los votos del Consejo Europeo, 750.000 millones de euros que se incorporan al presupuesto del septenio 2021-27, y de los que medio billón tendrán la consideración de a fondo perdido. De esta cantidad excepcional para una crisis completamente inusual, España recibirá algo más de 77.000 millones de euros en subsidio directos, el 15% del total, además de otros 63.000 millones en créditos, para un total de 140.000 millones de euros. La iniciativa de Bruselas -que deberá recibir el respaldo de Estrasburgo, sede del poder legislativo comunitario- llevará inexorablemente al club europeo a endeudarse en los mercados. Permiso que enlaza con el respaldo de Hernández de Cos a las compras de títulos de endeudamiento y con el posterior repliegue de los planes presupuestarios de todos los socios de la Unión a la disciplina fiscal. Porque el propio Ejecutivo comunitario avanza la paulatina vuelta a las normas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, ahora bajo suspensión por la virulencia de la pandemia.
Las ayudas europeas son prioritarias para consolidar el funcionamiento del mercado interior, a donde se dirige algo más de la mitad de la actividad exportadora española, aunque en décadas pasadas llegó a suponer las dos terceras partes de sus ventas internacionales. El último análisis del Banco de España sobre la balanza de pagos explicaba que, “en términos acumulados de doce meses, la capacidad de financiación se situó en 31.800 millones de euros en febrero pasado, una cifra que supera los 26.600 millones alcanzados en el mismo mes de 2019”, lo que revela que el sector maneja carteras financieras sostenibles para tomar velocidad en la pista de despegue. El cuarto, después de periodos de internacionalización que, en el caso de las empresas españolas, han coincidido con las tres últimas décadas: la salida a América Latina de los noventa, la compra de firmas en Europa y EEUU del primer decenio de este siglo y la de diversificación de mercados que acaba de finalizar. Todas ellas, con episodios de crisis de por medio.
La visión internacionalista de la patronal
Fuentes de CEOE explican a Estrategias de Inversión su “pleno convencimiento del protagonismo y relevancia del sector exterior en la recuperación económica”. Nosotros -dicen en la patronal- estamos en estrecho contacto con los ministerios implicados informándoles sobre el impacto de la pandemia en la actividad internacional de la empresa e identificando medidas que puedan impulsar nuestro sector exterior, que es uno de los principales motores de la economía. Y, desde luego, “consideramos fundamental que se pongan en marcha medidas para promocionar las exportaciones y la inversión extranjera con políticas de mejora de competitividad y programas de apoyo a las ventas al exterior”. A la espera de conocer las medidas que baraja el Gobierno.
Sobre las transformaciones empresariales en las cadenas de valor en ciernes y los avances en el terreno de la innovación, CEOE asegura que debe distinguirse la política de internacionalización de otras como la industrial o la de la innovación. Porque, “desde la perspectiva de la primera, se deben contrarrestar las consecuencias negativas de la pandemia en la actividad de nuestras empresas, reactivar su presencia en el exterior y tratar de evitar que se pierda, en un primer momento, cuota en los mercados exteriores”.
Todo ello “debe ir acompañado de una respuesta enérgica por parte de nuestra Administración comercial contra las medidas proteccionistas que han adoptado ciertos países durante la pandemia, así como acciones encaminadas a reducir las tensiones comerciales y a concluir la firma de pactos, tanto multilaterales -por ejemplo, Acuerdo Plurilateral de Comercio Electrónico-, como bilaterales; entre otros, y prioritariamente, el del Reino Unido, México o Mercosur. De forma que “permitan reforzar la actual red de tratados de libre comercio, tan prioritarios a la hora de garantizar a las empresas la seguridad jurídica que necesitan para operar en los mercados exteriores”. Aunque no menos importante será que “adaptemos nuestros instrumentos de apoyo a la internacionalización a las nuevas necesidades de nuestras empresas y a las oportunidades geográficas y sectoriales que surgen en el exterior”.
Para la patronal, la premisa esencial al valorar la capacidad de los sectores económicos es que “los más internacionalizados son los más competitivos, resultado de una amalgama de factores, entre los que podemos destacar la política industrial, la innovación, la I+D, la participación en proyectos industriales o de investigación europeos y las fuertes inversiones realizadas”. Como se aprecia, por ejemplo, en sectores relacionados con las infraestructuras, el agua o el transporte ferroviario. En este sentido, el refuerzo de los actuales segmentos de exportación o la aparición, en su caso, de otros nuevos, “estará condicionado por nuestra capacidad de identificar nuestras prioridades y de saber aprovechar al máximo los recursos europeos y nacionales”.
La patronal española también analiza las opciones de aumentar el número de multinacionales y los sectores más propicios para emprender la hoja de ruta de la recuperación. Porque, admiten en la CEOE, “el tamaño de la empresa condiciona su competitividad en el orden internacional”. En este sentido, “somos conscientes de que el menor número de empresas grandes responde a la atomización de nuestra estructura empresarial y nos sitúa en posición de desventaja frente a otros países como Alemania, cuya fortaleza exportadora reside en el nutrido número de firmas medianas y grandes”. En una economía de mercado como la nuestra -dicen desde la patronal-, donde la toma de decisión reside en las empresas, nuestra principal función debe consistir, entre otros aspectos, en fomentar la libre competencia en los mercados, en perfeccionar el mercado interior e impulsar un espacio europeo de capitales que facilite el crecimiento de las empresas”. Aunque, por otro lado, “estamos totalmente de acuerdo en que la promoción de la imagen de nuestros sectores exportadores sea uno de los pilares de la promoción exterior de nuestros productos y servicios”. En un momento como el actual, donde nuestro país ha sufrido de manera tan severa las consecuencias de la pandemia, “resulta esencial que reforcemos la imagen de los sectores exportadores de consumo y de tecnología”. Una Estrategia que debería articularse en torno a experiencias, vivencias y sensaciones que vinculen a sectores como la gastronomía, la alimentación y turismo; la moda y el diseño; la cultura y la educación o a negocios relacionados con conceptos transversales como las ciudades sostenibles, que aglutinan un conjunto de áreas productivas en las que las empresas españolas destacan por su liderazgo. Desde el transporte público, al tratamiento de aguas, las energías renovables o la e-mobility, entre otros.
