Las explosiones, los cortes eléctricos y la paralización parcial de servicios básicos devolvieron a Venezuela al centro del tablero geopolítico internacional y activaron de inmediato las alertas en las empresas extranjeras con intereses en el país.
Para España, con una presencia empresarial histórica aunque limitada, el episodio supone una prueba de resistencia.
Las compañías españolas llevan años acostumbradas a convivir con incertidumbre política, restricciones financieras y sanciones internacionales, pero la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos eleva el nivel de riesgo a una dimensión distinta.
El foco ya no está solo en la rentabilidad de los negocios, sino en la seguridad jurídica, la continuidad operativa y la protección de empleados y activos.
Un contexto de intervención militar y vacío de certidumbres
El operativo estadounidense del 3 de enero incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves y ataques selectivos contra instalaciones militares como la Base Aérea La Carlota y otros puntos estratégicos.
Los efectos colaterales se dejaron sentir rápidamente en amplias zonas de la capital, con interrupciones eléctricas y restricciones aéreas que afectaron tanto al transporte civil como a la logística empresarial.
Aunque Washington insistió posteriormente en que no se trataba de una guerra formal, el mensaje para los mercados fue inequívoco: el riesgo país se disparó en cuestión de horas.
La detención y traslado de Maduro fuera de Venezuela añadió una capa adicional de incertidumbre institucional. El Tribunal Supremo de Justicia declaró una ausencia temporal del mandatario y otorgó el poder ejecutivo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, descartando una falta absoluta que obligara a convocar elecciones.
Este movimiento, lejos de estabilizar el escenario, abrió un periodo de ambigüedad política que mantiene en vilo a los inversores internacionales y a los socios comerciales del país.
Reacciones internacionales y efectos colaterales económicos
La intervención provocó respuestas polarizadas en la comunidad internacional. Estados Unidos defendió la operación como una acción dirigida a facilitar una transición política, mientras que potencias como Rusia y China denunciaron una vulneración del derecho internacional.
Organismos multilaterales llamaron a la contención ante el riesgo de una escalada regional. Este clima de confrontación diplomática añade presión sobre la economía venezolana, ya debilitada tras años de contracción y sanciones.
En el plano económico, el impacto inmediato se traduce en mayor volatilidad financiera y en un endurecimiento de las condiciones para operar. El acceso a financiación, la cobertura de seguros y la ejecución de contratos se ven condicionados por un entorno donde las reglas pueden cambiar de forma abrupta.
Para las empresas españolas, este contexto obliga a revisar escenarios y a priorizar la gestión del riesgo frente a cualquier plan de expansión.
Inversión española: cifras modestas y exposición contenida
Pese a la visibilidad mediática de algunas multinacionales, la inversión española en Venezuela es relativamente reducida. Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Estado de Comercio, la posición inversora española alcanzaba los 559 millones de euros a cierre de 2023.
En términos de flujos, durante los nueve primeros meses de 2025 se registró un repunte de 90 millones de euros, una cifra modesta si se compara con otros destinos latinoamericanos.
El comercio bilateral refleja una relación desequilibrada y muy concentrada. En 2024, España importó desde Venezuela productos por valor de 1.390 millones de euros, más del doble que el año anterior, impulsados casi exclusivamente por el petróleo. Las exportaciones españolas al país se situaron en 230 millones de euros.
En 2025, sin embargo, el intercambio se desplomó: entre enero y octubre, las importaciones cayeron a 347,2 millones y las exportaciones a 149,8 millones, evidenciando el deterioro acelerado de la relación comercial.
El petróleo como eje casi exclusivo del vínculo económico
El crudo sigue siendo el pilar central de la relación entre ambos países. Informes de ICEX y datos de Naciones Unidas muestran que los combustibles minerales representaron cerca del 90% del valor de las importaciones españolas procedentes de Venezuela en los últimos ejercicios.
Esta concentración extrema provoca que cualquier variación en los acuerdos petroleros o en las sanciones internacionales tenga un efecto inmediato y desproporcionado sobre las cifras comerciales.
La falta de diversificación limita la capacidad de amortiguar shocks externos. Sin el petróleo, el intercambio bilateral quedaría reducido a niveles testimoniales, con productos como camarones, aluminio semielaborado o ron ocupando un papel marginal. Esta dependencia refuerza la percepción de fragilidad estructural del vínculo económico.
Repsol y las grandes multinacionales ante la tormenta política
Dentro de este esquema, Repsol es la compañía española con mayor exposición. Presente en Venezuela desde 1993, participa en proyectos gasistas y en empresas mixtas de crudo, y mantiene una deuda pendiente con el Estado venezolano que superaba los 358 millones de euros a mediados de 2025.
Parte de estos importes se compensaban mediante envíos de petróleo, un mecanismo que quedó bloqueado tras la revocación de licencias por parte de la Administración estadounidense.
Otras grandes empresas españolas observan la situación con cautela. Telefónica mantiene operativa su filial Movistar, aunque ya había anunciado su intención de salir del país en el marco de su plan estratégico, condicionada a encontrar comprador y obtener las autorizaciones necesarias.
Inditex, por su parte, opera en Venezuela mediante franquicias y con una exposición directa limitada, priorizando la seguridad de los trabajadores y delegando decisiones en el socio local.
El sector financiero también sigue atento. BBVA conserva una presencia relevante a través de su filial, con alrededor de 1.800 empleados, aunque su cuota de mercado es modesta frente a la banca pública. Mapfre y grupos hoteleros como Meliá mantienen posiciones secundarias en mercados muy deteriorados tras años de crisis.
Deudas pendientes y expectativas a medio plazo
Más allá del impacto inmediato, el conflicto reabre el debate sobre las deudas acumuladas por el Estado venezolano con empresas extranjeras. Se estima que las obligaciones con compañías españolas superan los 3.300 millones de euros.
La perspectiva de un eventual cambio político alimenta expectativas de recuperación de estos importes, aunque el camino es incierto y dependerá del marco legal que se establezca tras la crisis.
Por ahora, la palabra que domina en los despachos es prudencia. Las empresas españolas continúan operando con relativa normalidad, pero con planes de contingencia activos y un seguimiento constante de la evolución política.
