Ya el nombre del programa (Next Generation UE) refleja algo tan importante como que uno de los objetivos del proyecto europeo debería ser centrar los esfuerzos de política económica en las generaciones más jóvenes, duramente golpeadas por dos crisis muy intensas en poco más de una década. Los cálculos de la Comisión es que todos los planes que se han puesto encima de la mesa más el marco financiero plurianual podrían tener una potencia de fuego de 3,1 billones de euros, con la implicación de la iniciativa privada.
Es bien conocido que el proyecto europeo sólo avanza en momentos de dificultades, como ocurrió a principios de esta década con la creación de la Unión Bancaria tras la crisis de la deuda soberana. Aunque el plan estaría muy lejos de ser un "momento Hamilton" (asunción de las deudas de los estados americanos por el gobierno federal en 1790), sí que puede ser el embrión de un mayor grado de integración en Europa, al marcar las prioridades de política económica para la próxima década y avanzar en la resolución de algunos de los problemas tradicionales de la región, como es la inexistencia de un activo libre de riesgo europeo, algo que nos obliga a competir en inferioridad de condiciones con otras áreas económicas.
Pero, sobre todo, este plan, junto con el activo papel asumido por el BCE para limitar el riesgo de fragmentación con sus nuevos programas de compras de deuda pública y privada, con la flexibilidad concedida por la Comisión Europea al suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con las primeras medidas aprobadas por la Comisión Europea (SURE, MEDE y BEI) conforman un importante colchón de seguridad para los países más afectados por la crisis. Es decir, después del discutible papel jugado por las instituciones europeas en la última crisis, esta vez parece claro que los responsables europeos van a formar parte de la solución y no del problema. Siendo conscientes de que el aumento de la solidaridad vendrá de la mano de condicionalidad (algo que no tiene por qué ser negativo si está bien orientada) y, por tanto, del diseño tanto de una senda de estabilidad fiscal para todos los países, como de una agenda de reformas.
A partir de aquí, todavía hay muchos detalles a perfilar, desde el reparto de los fondos por países, hasta la segmentación entre préstamos y subvenciones, pasando por el reparto sectorial o por el diseño de los instrumentos tributarios europeos que permitan asumir buena parte de la amortización de las emisiones.
¿Cómo afecta el plan a España?
En principio se esperan recaudar 44.000 millones anuales (una cifra un tanto optimista) a través de diferentes figuras tributarias, como: tasa digital, tasa de carbono en frontera, gravamen sobre el plástico o impuesto a grandes corporaciones. Lo que ya sabemos es que la oposición de los "cuatro frugales" (Dinamarca, Suecia, Austria, Países Bajos) está centrada, en estos momentos, en la segmentación del plan entre transferencias (500.000 millones de euros) y préstamos (250.000 millones), pero no en el tamaño o la filosofía del proyecto, lo que permite ser relativamente optimistas sobre la posibilidad de que salga adelante con los lógicos cambios por el camino. Es importante también que el programa sea ágil y, en este sentido, el objetivo es que los países dispongan de un 60% de los fondos a finales de 2022, aunque ya en abril de 2021 se deberán haber presentado los planes de "recuperación y resiliencia" dentro del Programa Nacional de Reformas.
En esta primera propuesta, de acuerdo a la simulación realizada por la Comisión Europea, España recibiría 77.000 millones en subsidios y 63.000 en préstamos, mientras las cifras de Italia serían 80.000 y 90.000 millones, respectivamente. Una vez ajustadas las cantidades por la contribución a los presupuestos europeos, España sería la mayor receptora de fondos con 82.200 millones de euros, seguida por Italia con 56.700 millones de euros, aunque, en términos relativos, los países más favorecidos serán Croacia (22,4% del PIB), Bulgaria (19,3% del PIB) o Grecia (17,8% del PIB). Mientras los contribuidores netos van a ser los países del norte de Europa como Luxemburgo (5,4% del PIB), Irlanda (4,5% del PIB), Alemania (3,9% del PIB) u Holanda (3,8%del PIB). España ya ha adelantado que el plan de inversiones (a siete años) y reformas a ejecutar (en un máximo de cuatro años) pivotará sobre seis ejes: servicios públicos (sanidad y justicia), transición ecológica, emprendimiento y transformación digital, empleo y formación profesional, inversión en I+D+i y, finalmente, medidas sociales.
De momento, el plan ha sido bien recibido por los mercados, pues la prima de riesgo española se ha llegado a situar por debajo de los 100 puntos básicos en algunos momentos de la semana. El motivo de dicho optimismo es que se ha valorado esta propuesta como un punto de inflexión de cara a una posible mayor integración fiscal, aparte de que todos los fondos que se han puesto encima de la mesa van a diluir parte de la presión sobre las necesidades de financiación. Pero no es un cheque en blanco, pues habrá condicionalidad en la parte de préstamos y los fondos estarán ligados a compromisos, con niveles de cumplimiento intermedios que irán desbloqueando la financiación.
