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Recuerdo una escena de mi infancia, en la cola de una panadería. Una señora le contaba a otra que “¡mi hijo ha entrado en la caja de ahorros!”. Se le saltaban las lágrimas al contárselo. La madre no sabía nada más del empleo, igual ni siquiera de qué entidad se trataba, sólo era consciente de que el muchacho tenía la vida resuelta. Un sueldo, buen horario, una carrera profesional, ascensos programados y una jubilación después de treinta o cuarenta años en la misma casa. Era casi como anunciar que le había tocado la lotería.
No era una excepción en esa época. Hablamos del siglo pasado, cuando entrar en un banco, una eléctrica, una constructora o una gran empresa industrial equivalía a encontrar un refugio profesional para toda la vida. Costaba entrar, pero una compañía ofrecía estabilidad y el trabajador, lealtad, por la cuenta que le traía. El tiempo jugaba a favor de ambos. La antigüedad se convertía en un mérito y la permanencia, en una especie de derecho adquirido.
Ese mundo ha desaparecido. No hablo de la figura jurídica del contrato indefinido, que naturalmente sigue existiendo, aunque no es ninguna garantía ya. Hablo de su significado económico y social. Hoy, ninguna empresa puede comprometerse seriamente a mantener durante muchos años un puesto de trabajo. El compromiso de nómina perpetua ha desaparecido o, al menos, se revisa cada muy poco tiempo.
Todavía quedan muchos empleados instalados en aquella inercia, claro que sí, a los que se le ponen los pelos de punta cuando se les dicen cosas como estas. Acumulan lustros de antigüedad en grandes compañías y su continuidad depende, en ocasiones, menos de la productividad que del coste de despedirlos o prejubilarlos. Son, en muchos casos, eslabones de una enorme cadena, donde nadie sabe muy bien qué hace. Supervivientes de un modelo que ya no se reproduce.
Las grandes corporaciones hace tiempo que tienen consultoras mapeando sus estructuras, analizando organigramas e incluso llamando cada tiempo a los empleados, uno por uno, preguntándoles: “a ver, dime exactamente qué haces”. Y estoy hablando, incluso, de las Ibex.
La revolución tecnológica ha cambiado las reglas. Las empresas miden costes desesperadamente, buscan productividad y rentabilidad con una presión desconocida hace unas décadas. El accionista cada vez quiere más retorno. ¿Por qué es un especulador sin escrúpulos? No, porque la empresa es suya.
La inteligencia artificial ha acelerado ese proceso y transformará profesiones que hasta ayer parecían inexpugnables. La competencia global y la caída general de barreras tampoco permite mantener indefinidamente estructuras que han dejado de aportar valor.
Hay una idea muy sencilla de entender y dura de aceptar: lo que justifica un salario no es el número de horas que una persona dedica al trabajo, sino el valor añadido que aporta con su él. El horario no constituye por sí solo una garantía de productividad.
Sin embargo, nuestro debate laboral continúa anclado en la economía de aquella señora de la panadería. La actual ministra de Trabajo y vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz, nos ha vuelto a obligar a fichar, como si estuviéramos en la planta industrial de hace 100 años y habla de jornadas laborales de tantas horas.
Los sindicatos son ya un atavismo. Cumplieron una función histórica, pero el mercado de trabajo ha cambiado mucho más deprisa que las instituciones que dicen representarlo.
El autónomo, el pequeño empresario, el profesional que cambia de compañía cada pocos años o el trabajador de una pyme viven una realidad muy distinta de la del empleado protegido por una gran estructura empresarial o administrativa.
No hablemos ya del profesional de servicios con una cierta experiencia. Cada vez son más los que afirman que, pasados los 40, tienen claro que no hay empresa que les ofrezca soluciones y deben trabajar en solitario, con su cartera de clientes y su expertise.
Aquí aparece la fractura que rara vez ocupa el centro del debate, pero es la foto real: la distancia entre quienes tienen ingresos garantizados, es decir, cuelgan de lo público y quienes deben ganárselos de nuevo cada mes.
El funcionario o empleado público (más de tres millones), el pensionista (más de 10), el beneficiario de un ingreso mínimo vital, (dicen que más de dos millones, ya), o incluso el perceptor del SMI, reclaman continuamente. Súmale estudiantes devoradores de bono cultural. Son legión de personas dependientes del Estado.
En Estrategias de Inversión estamos en una zona céntrica. Todos los días tenemos alguna manifestación de algunos de ellos: pensionistas, empleados de la enseñanza, de los juzgados, de la sanidad… Beneficiarios de lo público, pidiendo más dinero. Los 'privados' no salen nunca. No pueden: están trabajando, porque no tienen garantía de empleo ni de ingresos.
El tendero no puede cerrar la persiana cada vez que suben sus costes. El autónomo no dispone de un departamento de recursos humanos que negocie su futuro. El empresario de una pequeña compañía sabe que, si no vende, no cobra. Antes de cobrar él, tendrá que pagar nóminas, alquileres, proveedores, cotizaciones e impuestos.
El empleado de una pyme o micropyme de un parque empresarial no es tonto. Sabe que no le pagan para reivindicar y si lo hace, su futuro será complejo. También, es consciente de cuando su empresa va bien, mal o ajustada. Si hay hueco para mejoras salariales (y entonces ya se espabila él para intentar lograrlas) o si se puede dar con un canto en los dientes si no le echan. Quizás cobra la nómina con cierto retraso, hasta que pagan los clientes, porque su compañía apenas dispone de tesorería. Y aunque no lo reconozca, es sabedor de que, si echan un pulso a la gerencia, no sólo corre el riesgo de ser despedido, es que igual la entidad echa el cierre. La vida media de una empresa cada día es más corta. Cosa que deseaba una tertuliana hace un tiempo en La Sexta: "si no pueden pagar, que chapen".
Cuando una huelga paraliza determinados servicios y las reivindicaciones se dirigen fundamentalmente desde el sector público, conviene preguntarse quién paga finalmente la factura. Al final, es cierto lo que decía Ismael Clemente: este país lo sostienen 2-3 millones de personas en realidad.
Resulta triste que, mientras exigimos mayor seguridad económica, multipliquemos las cargas fiscales y regulatorias sobre quienes deben sostenerla. Cada nuevo coste reduce el margen para invertir, contratar, innovar o mejorar salarios. Sin productividad creciente, la mejora sostenida del nivel de vida acaba convirtiéndose en una promesa política sin respaldo económico.
La IA y la computación cuántica nos traen un nuevo marco que está borrando muchísimas cosas del pasado. A la sociedad le da miedo, claro, porque ¿estarían dispuestos a aceptar trabajar totalmente a la carta? Decidir qué días quiere trabajar, cuánto rato, por cuánto dinero y que la propia inteligencia te suministre el trabajo. A mí es una idea que me suena genial, pero al común de los mortales le da pánico, porque el ser humano quiere predictibilidad.
Hacer lo mismo toda su vida, si puede ser.
Dejando eso al margen, aparece de nuevo una cuestión que Europa sigue sin tomarse suficientemente en serio: los mercados de capitales. Si las carreras profesionales van a ser más cambiantes, los ciudadanos necesitan instrumentos para construir seguridad económica más allá del salario.
Ahorro invertido, fondos de inversión, acciones, planes de pensiones y participación en los beneficios de las empresas. El capitalismo popular, que acompañó las privatizaciones de los años ochenta y noventa, merece una segunda oportunidad. No para que todos se conviertan en especuladores, sino para que más ciudadanos sean propietarios de una parte de la riqueza que genera la economía. Pasen de ahorrador a inversor.
Europa necesita menos obstáculos para crear empresas, menos penalizaciones al ahorro y a la inversión, mercados financieros más profundos y una fiscalidad que no trate el éxito económico como una anomalía sospechosa.
Si las soluciones son ‘tax the rich’ o, a la española “crujir a impuestos” a Juan Roig o Marcos de Quinto, vamos cuesta abajo y sin frenos hacia la sovietización.
Por cierto, señalar a estas personas ante la opinión pública, pese a que han logrado su patrimonio con su esfuerzo personal, constituye una amenaza rayana en el delito.
