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El nuevo número tiene todos los ingredientes trumpescos para superar a los anteriores: las mayores reservas petroleras del planeta, decenas de miles de millones de bellos barriles, 100.000 millones de dólares de inversión, empresas privadas estadounidenses y, naturalmente, Donald Trump anunciando una transformación de proporciones titánicas. Cómo termine el espectáculo es otra cuestión. Entretanto, querido lector, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación.
Caracas, agosto de 2031
Han pasado cinco años. Olvidémonos de las reservas, las fotografías de las firmas, los discursos sobre seguridad energética, y de esos miles de millones que en los grandes proyectos suelen multiplicarse antes de colocar un solo ladrillo.
Hagamos tres preguntas.
1. ¿Cuánto petróleo se está produciendo realmente? (producción real)
2. ¿Cuánto dinero se ha extraído entretanto en comisiones, costes de financiación, honorarios, remuneraciones de gestión y beneficios de intermediación? (extracción financiera)
3. Y ¿quienes organizaron las operaciones originales siguen económicamente expuestos al éxito o al fracaso de aquello que vendieron? (exposición financiera residual)
La historia financiera, pródiga en burbujas, desfalcos y prodigios contables desde que el mundo es mundo, aconseja prestar especial atención a la tercera. Existe una diferencia fundamental entre quienes necesitan que Venezuela produzca petróleo durante veinte años para ganar dinero y quienes sólo necesitan que, durante unos pocos, los inversores crean que va a hacerlo.
Estimado lector, si después de leer este artículo sólo una idea queda en su memoria, les ruego que sea ésta: ¿quién necesita que un proyecto tenga éxito para ganar dinero y quién sólo necesita que durante algún tiempo parezca que va a tenerlo? No es una pregunta exclusiva de Venezuela; es una regla útil para juzgar casi cualquier operación.
El anuncio, desde luego, está hecho para deslumbrar. Trump asegura que intereses estadounidenses han obtenido el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante asociaciones con empresas privadas. Caracas afirma que el acuerdo tendrá una duración de 25 años y abarcará 17 campos estratégicos, además de ocho nuevos bloques todavía por desarrollar; habla de una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y calcula unos 209.000 millones de dólares para el Estado, aproximadamente 19 dólares por cada barril vendido bajo el nuevo esquema. (Otras fuentes hablan de una concesión de 100 años para la nueva empresa conjunta; ni siquiera la duración del acuerdo está clara.)
No es un mal cartel para atraer público, capital y, como en toda buena feria, a unos cuantos incautos. El cartel es magnífico, pero todavía hay que montar la función. Aún desconocemos la estructura jurídica y financiera completa del acuerdo y tampoco existe un calendario público para cumplir sus objetivos de producción.
El petróleo está ahí; la verdadera dificultad empieza con todo lo que hace falta para extraerlo, procesarlo y llevarlo al mercado.
Distinguir lo etéreo de lo tangible
Aquí está una de las claves del asunto. Las finanzas pueden avanzar mucho antes de que lo haga la realidad física del proyecto. Una concesión puede cambiar de manos con rapidez, una sociedad vehículo puede constituirse en pocos días y la financiación empezar a estructurarse casi de inmediato, aunque sobre el terreno apenas haya empezado a cambiar nada.
Aunque algunos líderes venezolanos han amonestado en el pasado a los venezolanos advirtiéndoles que «los tiempos de Dios son perfectos», me permito remarcar que los tiempos del dinero son mucho más mundanos, y también mucho más rápidos. Los de la ingeniería, en cambio, no solo son menos perfectos: avanzan a paso de tortuga, imperterritos ante cualquier entusiasmo financiero. Una valoración puede multiplicarse esta tarde; una turbina, por desgracia, tarda años y seguirá tardándolos.
Una decisión política puede convertir en una tarde un activo venezolano que hoy no vale casi nada en un activo invertible, multiplicar su valoración y crear derechos que adquieren inmediatamente un precio. Contra esas nuevas valoraciones se puede levantar financiación, vender participaciones, cobrar comisiones y realizar plusvalías. En otras palabras, se pueden extraer rentas financieras antes de extraer petróleo.
Y todo ello sin haber añadido todavía un solo barril a la producción. Genial.
La realidad industrial es menos impresionable. Un transformador eléctrico, una turbina de gas no aparecen porque alguien haya firmado un contrato, ni un oleoducto se construye con una conferencia de prensa. Tampoco se forma en tres meses un soldador de primera categoría ni se convence automáticamente a un ingeniero venezolano que lleva quince años en Alberta para que deshaga su vida y vuelva a Venezuela por el mismo sueldo.
El dinero puede viajar en horas. Una economía física necesita años.
Y he aquí el meollo del asunto: no todos los participantes están expuestos al mismo desenlace.
El accionista que financia una explotación esperando recuperar su dinero con veinte años de producción necesita que el petróleo salga. El operador necesita que el campo funcione y el acreedor que exista suficiente flujo de caja para cobrar. Un asesor que percibe sus honorarios al cerrarse la financiación, un intermediario que vende una participación revalorizada o un promotor remunerado en función del capital captado viven bajo un calendario muy distinto. Pueden haber hecho ya un negocio magnífico cuando todavía nadie sabe si el negocio industrial lo será.
Sigamos los primeros 10.000 millones
En vez de obsesionarnos con los 100.000 millones anunciados, quizá convenga seguir los primeros 10.000. Una cifra menos espectacular puede revelarnos mucho más sobre la verdadera naturaleza del proyecto.
Interesa saber quién pone ese dinero, quién lo garantiza, a qué precio se presta y, sobre todo, quién empieza a cobrar antes de que aparezcan los nuevos barriles. Después podremos comprobar qué parte termina convertida en pozos, tuberías, plantas de procesamiento o infraestructura eléctrica y qué parte se consume, perfectamente dentro de la legalidad, en financiación, adquisiciones, honorarios y remuneraciones de quienes estructuraron las operaciones.
Porque durante los primeros años el producto financiero más atractivo quizá no sea exactamente el petróleo venezolano, sino el acceso al petróleo venezolano, que no es lo mismo.
Los 100.000 millones son, por ahora, capital que se pretende atraer, no capital irrevocablemente comprometido que espera pacientemente su turno para convertirse en perforadoras, oleoductos y plantas de procesamiento.
Y todo ello en un país que ocupa el puesto 180 de 182, antepenúltimo del mundo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. No es coincidencia el lugar escogido para montar el circo. Los grandes guisos geopolíticos suelen cocinarse en lugares con altos niveles de corrupción.
Reconstruir lo que rodea al petróleo
Supongamos que aparece el dinero. Incluso los 100.000 millones.
Ahora hay que producir el petróleo y, para hacerlo, una concesión sirve de bastante poco sin aquello que la rodea: electricidad, carreteras, oleoductos, puertos, telecomunicaciones, seguridad, alojamiento, técnicos, contratistas e instituciones capaces de hacer cumplir los contratos. Hace falta, en suma, una cadena logística que funcione un martes cualquiera a las tres de la mañana, y no solamente cuando aterriza una delegación procedente de Washington o Houston.
La electricidad es quizá el ejemplo más brutal. Venezuela tiene unos 36.000 MW instalados, pero sólo alrededor de 13.000 disponibles y casi el 90% de su capacidad térmica fuera de servicio. Para una industria que depende de bombas, compresores, plantas de procesamiento, oleoductos y terminales, y que además trabaja con algunos de los crudos más pesados del mundo, no es un problema periférico, sino una condición básica para producir.
Estabilizar el sistema en el corto plazo costaría, según estimaciones del BID y de expertos locales, entre 7.000 y 13.000 millones de dólares. Reconstruirlo por completo, generación, transmisión y distribución, ronda los 40.000 millones. Y aquí vale la pena notar algo: Venezuela ya gastó una cifra parecida una vez. Entre 2000 y 2014, el país invirtió más de 39.000 millones de dólares en proyectos de generación térmica que prometían 14.000 MW adicionales; según una investigación de Transparencia Venezuela, apenas 4.000 MW llegaron a operar, y los sobrecostos frente a lo presupuestado rondaron los 14.600 millones. Es decir, el país ya gastó esa cantidad una vez, y el resultado se resume en una palabra: apagones.
Y la pregunta es: ¿qué ha cambiado para esperar un resultado diferente? ¿Quién reconstruye entonces el sistema eléctrico?
Pensemos, como mero ejercicio, en una factura de 40.000 millones de dólares financiada con 10.000 millones de capital y 30.000 millones de deuda. La cifra exacta importa menos que la aritmética: los acreedores quieren recuperar el principal y cobrar intereses, los accionistas exigen rentabilidad y, una vez inauguradas, las centrales todavía necesitan combustible, mantenimiento, transformadores, subestaciones y nuevas inversiones.
A primera vista, las petroleras parecen los clientes ideales para financiar las redes de transporte y distribución de electricidad: consumen mucha electricidad, cobran en dólares y pueden firmar contratos de largo plazo. El problema es que unas tarifas demasiado altas acabarían funcionando como otro impuesto sobre cada barril. A 150 dólares/MWh, una operación de 40-45 kWh por barril asumiría unos seis a siete dólares adicionales; si se suman los aproximadamente 19 dólares por barril que Caracas espera recibir, la cuenta comienza a perder su atractivo.
La reacción de una petrolera racional sería previsible: allí donde pueda hacerlo, generará su propia electricidad utilizando gas asociado, turbinas, motores o microredes, y reducirá su dependencia de un sistema nacional caro e inseguro. Magnífico para la petrolera, bastante menos para la red, que acaba de perder precisamente al cliente solvente que necesitaba para financiarse. Y eso sin hablar del agua.
Y así, poco a poco, aparece una Venezuela muy distinta de la reconstrucción nacional que sugieren las grandes cifras del anuncio: un archipiélago de enclaves petroleros modernos, eficientes y razonablemente autosuficientes rodeados por una infraestructura pública que continúa deteriorada. Con ese modelo se puede producir mucho petróleo, aunque no está tan claro que sirva para reconstruir Venezuela.
De nuevo, la tiranía de lo físico
Pero concedamos que también hemos resuelto la electricidad. Queda un problema que ningún decreto, valoración bursátil ni ingenioso instrumento financiero puede hacer desaparecer: alguien tiene que fabricar las máquinas.
Venezuela comprará turbinas de gas, grandes transformadores y equipos de alta tensión en el mismo mercado donde compran los centros de datos norteamericanos, los grandes proyectos eléctricos del Golfo y las economías asiáticas, con la pequeña desventaja de que muchos de esos competidores poseen bolsillos profundos, crédito excelente y pocas dudas sobre si pagarán la factura.
Basta mirar las carteras de pedidos de los grandes fabricantes de turbinas y equipos de red: están saturadas y los plazos de entrega se miden ya en años. Venezuela puede conseguir mañana cinco mil millones para una central y descubrir pasado mañana que la turbina que necesita tardará tres años o más en llegar a La Guaira. El dinero compra un lugar en la cola; no adelanta la turbina.
El otro cuello de botella tiene un pasaporte... o dos
Después vienen las personas: decenas de miles de soldadores, tuberos, electricistas, técnicos, ingenieros y operadores especializados. Venezuela formó durante décadas esa reserva de capital humano; buena parte de ella terminó en la diáspora. Es tentador pensar que, cuando vuelva el dinero, volverán los profesionales. Pero eso supone que el emigrante quedó congelado el día que salió de Maiquetía, como si más de cinco lustros de chavismo hubieran sido sólo una larga espera.
En ese tiempo aparecieron una pareja, hijos, una hipoteca, una carrera, colegios, amigos y una vida entera en Alberta, Madrid o Sídney. Y uno, he de confesar, se acostumbra muy rápidamente a ciertas comodidades: que la luz se encienda al pulsar el interruptor, que el agua salga del grifo. Un profesional venezolano en Alberta no compara dos salarios, sino dos vidas. Al igual que el petróleo, la diáspora existe; eso no significa que esté disponible ni que sea económicamente accesible.
Llegados aquí, los 100.000 millones ya no parecen una montaña de dinero, sino quizá el precio de entrada. Porque producir petróleo exige mucho más que perforar: electricidad, oleoductos, puertos, equipos, trabajadores especializados y una prima considerable por el riesgo venezolano.
Durante los primeros años, sin embargo, todo puede parecer una confirmación del optimismo. Se rehabilitan campos, sube la producción, entra capital y aumentan las valoraciones; material de sobra para una magnífica presentación de PowerPoint, ese artefacto que ha creado fortunas y ayudado también a evaporar unas cuantas. Lo difícil viene después, cuando las centrales se retrasan, los equipos tardan años, las facturas de los contratistas aumentan y el presupuesto deja silenciosamente de ser el presupuesto. Pero tampoco entonces hace falta admitir un fracaso. Los megaproyectos suelen fracasar con más pudor: lo previsto para 2029 pasa a 2031, luego a 2033; la inversión se «actualiza», los objetivos se «recalibran» y el éxito continúa siempre unos años más adelante.
Parafraseando a *Annie*: *the oil will come out tomorrow*. Sólo que yo no apostaría mi último dólar. Para entonces, quienes ganaban dinero organizando las operaciones en lugar de producir los barriles pueden llevar años disfrutando de sus beneficios. Y volvemos a la pregunta: ¿quién necesita que el proyecto tenga éxito para ganar dinero y quién sólo necesita que durante algún tiempo parezca que va a tenerlo?
La prueba de 2031
Por eso conviene fijar hoy la fecha y no permitir que, cuando llegue, cambiemos retrospectivamente las reglas. En agosto de 2031 habrá que mirar cuánto capital entró de verdad, cuánto acabó convertido en activos productivos, cuánto aumentó la producción y cuántas veces hubo que «actualizar» presupuestos y calendarios.
Sería estupendo encontrar una Venezuela en plena resurrección industrial, con infraestructura rehabilitada y decenas de miles de trabajadores participando de una recuperación que parecía imposible. Si ocurre, habrá que reconocerlo: quienes arriesgaron verdaderamente su capital habrán ganado legítimamente grandes fortunas.
También podemos encontrar algo más modesto pero real: una industria petrolera próspera, encerrada en enclaves modernos, dentro de un país que sigue deteriorado.
O quizá descubramos algo menos edificante: que entraron miles de millones, se multiplicaron las valoraciones, asesores e intermediarios hicieron excelentes negocios y la gran transformación física que justificaba todo aquello sigue, como hoy, unos años más adelante. No hace falta presumir delito alguno para ver la diferencia entre quien necesita veinte años de producción petrolera para ganar dinero y quien puede enriquecerse mucho antes de saber si ese petróleo llegará alguna vez a producirse.
Hay, además, algo inquietantemente familiar en todo esto. Por momentos, Venezuela empieza a parecer una Rusia de los años noventa rehecha bajo el sol del Caribe: activos inmensos, un Estado desesperado por atraer capital, nuevas estructuras jurídicas, intermediarios bien situados y fortunas capaces de nacer simplemente del derecho a estar en la habitación cuando se reparten las cartas. Llámese, si se quiere, Rusia 2.0, con Delcy Rodríguez interpretando esta vez el papel de Yeltsin.
Y quizá sea precisamente ahí donde se encuentre el verdadero negocio. No necesariamente en producir durante veinticinco años los barriles prometidos, sino en utilizar la promesa de esos barriles como un gigantesco pitch para levantar capital, revalorizar derechos, vender participaciones y cobrar por estructurar las operaciones. Para algunos participantes, el éxito industrial de Venezuela puede ser deseable; el éxito financiero inicial, en cambio, puede bastar.
Por eso habrá que seguir los primeros 10.000 millones: quién los aporta, quién los garantiza, quién empieza a cobrar y, sobre todo, quién acaba asumiendo el riesgo. Si ese riesgo termina en el Tesoro estadounidense, el circo privado habrá conseguido que el público pague la función. Que Venezuela tiene petróleo nunca ha estado en duda. La pregunta que importa, espero haber demostrado, es otra...
