Todo está previsto. Algunos miembros del gobierno del PRI ya han dado algunas pistas acerca de las líneas que se están usando para diseñar la nueva reforma fiscal mexicana, la tercera en seis años.


La mayor parte de los expertos coinciden en que la reforma es necesaria,
sobre todo para reducir la dependencia de los ingresos procedentes del sector petrolero. También, y no menos importante, para reducir la pobreza y la desigualdad en un país donde –todo el mundo coincide- los ingresos del Estado que proceden de la recaudación de impuestos, son de los más bajos de toda América Latina.

En el Pacto de México que se formalizó en diciembre del año pasado, ya se establecía la necesidad de volver a reformar la ley tributaria. Es decir, los grupos parlamentarios estarán de acuerdo en el objetivo, aunque quizá haya debate en las líneas que utilizará el PRI para ponerla en marcha.

Según el último informe de Barclays, con las dos últimas reformas (2007 y 2009), en la que se introdujeron cambios como el incremento del IVA o del tipo marginal, el Estado Mexicano sólo logró aumentar los ingresos por impuestos desde el 7% en el año 2000 hasta el 9,1% en el 2012.

Por otro lado, el gasto público se ha incrementado significantemente –afirman en Barclays-. La inversión del Estado se ha incrementado desde el 19,5% del PIB en el año 2000, hasta el 24,1% el pasado ejercicio”.



En Barclays creen que si se mantiene un gasto en torno al 24% del PIB, que es lo que permite la ley, “el gobierno necesita diseñar un plan que le permita recolectar alrededor de un 1,6% del PIB en ingresos extras a través de nuevos impuestos y otras medidas”, apuesta Marco Oviedo, el autor del informe y economista jefe de Barclays en México.



Este experto apunta que debido a la desaceleración que ha experimentado la economía del país en el último año, el gobierno “no debería poner en riesgo la recuperación en 2014”. En su opinión, la reforma podría incluir las siguientes medidas.

1- Aplicación del IVA a alimentos procesados (aunque no necesariamente al 16%)
2- La eliminación del tratamiento fiscal especial a las maquiladoras (empresas importadoras de materiales que no pagan impuestos), al transporte y a la agricultura.
3- Incremento del tipo marginal del 30 al 32%. Además, rebajar el nivel de deducciones al tipo impositivo de empresas y salarios.
4- La total eliminación del subsidio a la gasolina.
5- Nuevos impuestos especiales a artículos como comida basura o refrescos; impuesto a las plusvalías de la inversión en bolsa o herencias.



¿Qué efecto tendría esta reforma sobre la economía y la renta disponible?

En principio la subida del IVA impactaría sobre la inflación. En Barclays calculan que un IVA del 5% sobre los alimentos procesados podría aumentar los precios en 30 puntos básicos, hasta alrededor del 4,4% el año que viene.

Por su parte, la eliminación del subsidio a la gasolina resultaría en un aumento del IPC de 20 puntos básicos, que unido a lo anterior llevaría a un aumento del 4,6%.

El resto de reformas también podría afectar a la renta disponible de las familias y empresas. En Barclays calculan que podría restar una cantidad similar al 1,6% del PIB. “Una cifra similar al aumento de la recaudación”, calculan.

Eso sí, en esta firma consideran que como la mayor parte de ese dinero se destinará a proyectos de inversión pública la demanda no disminuiría.

En Barclays creen que el efecto del gasto público se notaría con fuerza pasados cuatro trimestres. Así, los ingresos acabarían volviendo de una, u otra forma en la riqueza del país, lo que permitiría prácticamente un efecto neutro en la renta disponible.



Con todo, en Barclays creen que la reforma más importante que ha de llevar a cabo es la energética. En este sentido, creen que un nuevo régimen fiscal para la petrolera PEMEX será el elemento más importante de la reforma.