Unidas Podemos y varios de los socios de investidura del Gobierno (Esquerra Republicana, Bildu, Más País-Equo, el BNG y Compromís) han registrado una iniciativa conjunta en el Congreso para poner ya en marcha la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social prometida en la última reforma de pensiones, ante el retraso que achacan al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Como recuerdan estas formaciones en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la reforma de las pensiones aprobada a finales del pasado año emplazaba al Gobierno a encargar esa auditoría en el plazo de un mes.

Según aquella disposición, incluida en un acuerdo de los grupos del Gobierno con ERC y Bildu, ese informe de auditoría deberá abordar los ingresos procedentes de cotizaciones sociales y los gastos de naturaleza contributiva, cuantificando cuántos gastos considerados impropios --por su carácter asistencial, y no contributiva-- ha asumido la Seguridad Social desde 1967.

REVISAR LOS GASTOS IMPROPIOS

El objetivo de esta auditoría, para la cual se prevé un plazo de seis meses, es obtener una factura completa de todos los gastos asumidos de forma impropia por el sistema público de pensiones, ya que si estos hubieran sido financiados a través de Presupuestos la Seguridad Social no arrastraría el volumen de deuda actual y podría haber enfrentado su situación de déficit con mayores reservas.

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Para ello, los grupos proponentes solicitan que sea el Tribunal de Cuentas el que realice esta auditoría como "supremo órgano fiscalizador independiente de las cuentas del sector público", pues creen que tanto la Intervención General del Estado (IGAE) o la Intervención de la Seguridad Social "no son instituciones independientes para auditar las cuentas".

Y es que, al realizar cada año la Cuenta General del Estado, consideran que en caso de realizar el informe ambas instituciones "tendrían un papel simultáneo de juez y parte", por lo que impulsan la solicitud ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que tendrá que decidir si encarga esta solicitud de auditoría.

INTENTARON QUE LO PIDIERA EL GOBIERNO SIN DEBATE

Es la segunda vez que estos grupos trasladan esta petición, pues en una primera ocasión la iniciativa fue vetada por la Mesa del Congreso porque solicitaban que fuera el Gobierno o la presidencia de la Comisión Mixta quien encargase la fiscalización al Tribunal de Cuentas, cuando esos mandatos corresponden a la comisión mixta previo debate y votación.

Este asunto se verá primeramente en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, pues el portavoz de Trabajo de ERC, Jordi Salvador, preguntará al ministro Escrivá su previsión para encargar el informe de auditoría, recordándole que su propia reforma de pensiones contempla encargarlo.