El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez, han pactado una enmienda con Esquerra Republicana en el Congreso para remarcar en la ley que las operadoras de telefonía sólo podrán intervenir comunicaciones cuando haya control judicial, tanto si lo pide la Policía o como si es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Se trata de una enmienda introducida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso este martes, coincidiendo con la polémica por las supuestas escuchas a políticos independentistas.
El proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes ya incluía que las operadoras de telecomunicaciones "están obligados a realizar interceptaciones que se autoricen" de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la ley del CNI y en otras normas con rango orgánico.
Pero el Gobierno y ERC han acordado limitar más esas interceptaciones y, a través de una enmienda recogida por Europa Press, han querido dejar claro en la nueva Ley de Telecomunicaciones que las operadoras sólo estarán obligadas a aceptar intervenciones telefónicas que se autoricen "judicialmente", para así reforzar aún más el secreto de las comunicaciones.
