El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de Vodafone contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que la firma no debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por el espectro radioeléctrico gravado por la tasa de reserva de espectro.

La máxima instancia del poder judicial en España ha dado la razón al operador, aunque con dos votos particulares, en un conflicto que mantenía con la Comunidad de Madrid en torno a la liquidación de este tributo.

En esta sentencia de la Sala Tercera, el magistrado Dimitry Berberof, que ha actuado como ponente, ha señalado que el ITP es un impuesto gestionado por las comunidades autónomas, mientras que la gestión del espectro es una competencia nacional, con lo que los recursos captados por el ITP no se destinan a garantizar el uso óptimo de un recurso "escaso" como podría ser el espectro.

Además, se trata de una doble imposición sobre el mismo bien, ya que este está sujeto a la tasa de reserva del espectro electromagnético que las operadoras con frecuencias pagan anualmente y cuyo montante es contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el magistrado José Antonio Montero se ha mostrado contrario a hablar de doble imposición en su voto particular, al asegurar que cada uno de los gravámenes se aplica a aspectos distintos.

Así, en opinión de Montero, la tasa de espectro es la contrapartida por la cesión realizada al Estado, mientras que el ITP grava la "manifestación de riqueza" y tiene fines recaudatorios.

SITUACIÓN FISCAL DEL SECTOR

El aspecto fiscal ha sido uno de las principales reclamaciones del sector de las telecomunicaciones, que defiende que España es uno de los países que aplica mayores cargas fiscales de Europa.

Así, todas las grandes operadoras se han visto envueltas en distintos pleitos por discrepancias sobre cómo se han aplicado ciertos tributos al sector.

De este modo, el Supremo apoyó la existencia de tasas municipales a compañías telefónicas o de Internet tras el recurso de varios pueblos contra Orange.

Además, el máximo tribunal tendrá también que resolver sobre la devolución de 1.000 millones de euros por parte de la Agencia Tributaria a Telefónica por cobrarle más impuestos de los establecidos por sus beneficios de 2009 y 2010.

En el apartado gubernamental, el Gobierno ha establecido algunas medidas para relajar la presión fiscal como la reducción de las tasas de reserva de espectro a cambio de más inversión o la eliminación del pago de las operadoras a RTVE, que se empezará a aplicar a partir del próximo año, siempre y cuando se apruebe la ley audiovisual.