MADRID, 07 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- Tras la detención de 10 personas en relación con las alteraciones de los precios en las obras del AVE Madrid-Barcelona, el Tribunal de Cuentas ha informado de que los pagos sin justificación superarían los 415 millones de euros.
En concreto, entre las iregularidades que se investigan por este tribunal, cabe destacar que el coste de la plataforma entre la estación de la localidad Barcelonesa del Hospitalet de Llobregat y un barrio de la misma localidad, se habrían inflado un 230%, y alcanzado un coste total de más de 240 millones de euros.
Además, según ha informado el Tribunal de Cuentas, durante la tramitación del procedimiento fiscalizador que concluyó en abril de 2013, con la aprobación del Informe de Fiscalización de las principales contrataciones para la construcción de la Línea Férrea de Alta velocidad Madrid-Barcelona, detectaron otras deficiencias. Concretamente, en otros tres tramos se dan descuadres que ascendieron a un total de más de 168 millones de euros.
Tras realizar un total de 11 registros en las sedes del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y de la empresa Corsán, la guardia civil ha detenido este lunes y martes a 10 personas entre Madrid y Barcelona. Cinco de los detenidos ya han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez en relación a una supuesta malversación en las obras del AVE Madrid-Barcelona. La operación, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se dirige desde juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y que sigue abierta.
LAS OBRAS NO HABRÍAN RECIBIDO FINANCIACIÓN DE LA UE
Según recogen varios diarios nacionales, Bruselas se ha apresurado a anunciar que las obras del Ave a su paso por Barcelona no han recibido fondos de la Unión Europea.
Informa Europa Press que la portavoz de Política Regional, Shirin Wheeler, ha asegurado que, "por lo que se refiere al AVE en Barcelona, en la estación de La Sagrera, actualmente bajo investigación judicial, no hay cofinanciación de la UE".
Bruselas habría detectado irregularidades en la modificación de contratos por valor de 300 millones de euros, como resultado de varias auditorías que el Ejecutivo comunitario realizó entre 2003 y 2005 en las que "descubrió modificaciones de los contratos respecto a sus términos financieros originales que iban contra las reglas de la UE".
Como resultado, la Comisión exigió a las autoridades españolas que no utilizaran las ayudas europeas para contratos que se habían modificado. La cantidad deducida fue, según ha explicado la portavoz, aproximadamente el 10% del total de la financiación de la UE,
N.J.
