■ El informe sobre remuneraciones de los consejeros se votará, con carácter consultivo, como un punto separado del orden del día de la próxima junta. La medida está en línea con las mejores prácticas internacionales.

■ Un 50% de la retribución variable total de los consejeros ejecutivos en 2010 se diferirá en acciones del Banco por 3 años.

■ La política de remuneraciones del Santander se alinea aún más con los intereses de los accionistas y sigue las más recientes recomendaciones de los reguladores para evitar que las retribuciones variables fomenten una toma inadecuada de
riesgos.

El consejo de Banco Santander ha acordado someter la política retributiva de los consejeros de la entidad a votación consultiva de sus accionistas en la próxima junta general que se celebrará previsiblemente el 11 de junio. Esta política se detalla en el informe que ha elaborado la comisión de nombramientos y retribuciones, y que el consejo del Banco ha aprobado, en el que se exponen los criterios y fundamentos en los que se basa este órgano para determinar las remuneraciones de sus miembros, correspondientes a 2009 y 2010. Este informe, que hasta ahora se ponía a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la junta a efectos informativos, se votará este año como punto separado del orden del día y con carácter consultivo. En él se detallan las remuneraciones de los consejeros en 2009, individualizadas y desglosadas por conceptos, así como, respecto de los consejeros ejecutivos, la retribución fija y los criterios para
determinar la retribución variable en 2010.


Se trata de una medida pionera en España, en línea con las mejores prácticas internacionales. Además, el Banco ha aprobado otras iniciativas en materia de remuneraciones para 2010, orientadas a evitar que las retribuciones variables de sus consejeros ejecutivos y otros altos directivos del Grupo puedan fomentar una toma inadecuada de riesgos. Los cambios más significativos aprobados para el actual ejercicio son:

- Diferimiento en acciones del Banco de un 50% de la retribución variable total de los consejeros ejecutivos y otros altos directivos del Grupo. Para ello, se establece que una parte del bono de 2010, que resultará de la aplicación de una escala progresiva
aprobada por el consejo, se difiera en acciones por 3 años; su entrega queda además sujeta a que, a juicio del consejo, previa propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, se cumplan determinadas condiciones. La retribución variable diferida comprenderá asimismo las acciones que la junta ordinaria de 2010 asigne a cada consejero ejecutivo en aplicación del plan de acciones vinculado a objetivos de rentabilidad del Grupo para sus accionistas, y su entrega se diferirá también por 3 años.

- Modificación del reglamento del consejo, que incluirá, dentro de las competencias de la comisión de nombramientos y retribuciones, proponer al consejo la aprobación de la remuneración variable de los directivos que, sin formar parte de la alta dirección, tengan influencia significativa en la asunción de riesgos por parte del Grupo, con el consiguiente posible impacto en el capital, los resultados o las expectativas de desarrollo de los negocios.

- Desvinculación total de la retribución de las áreas de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, intervención general y control de gestión de los resultados de las unidades de negocio a las que controlen o presten servicio.

Para Banco Santander, la transparencia en materia de retribuciones es un principio fundamental en su gobierno corporativo. En 2002, fue la primera compañía española en publicar el detalle individualizado y desglosado por conceptos de las retribuciones de los consejeros, incluidos los ejecutivos, y en 2005 presentó por primera vez en la junta general de accionistas con carácter informativo el informe de la comisión de nombramientos y retribuciones. Desde 2007, este informe incluye la política de retribuciones de los consejeros tanto del último ejercicio como del ejercicio en curso. En 2008, el régimen de transparencia de las retribuciones se elevó al rango de obligación estatutaria.