MADRID, 23 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- "Todavía hay mucho camino por recorrer, tiene que pasar por el Senado, puede sufrir reformas y si se llega a aprobar (que sería para 2015), solo en ese momento se haría un pronunciamiento. Mientras no se implemente no tenemos nada que comentar", dice un vocero de Google en una conversación con Bolsamanía. Todo esto, a raíz de una norma que establece que los miembros de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) tienen el derecho irrenunciable a cobrar un canon, conocido como 'Tasa Google', por parte de todo agregador de contenidos que utilice sus noticias y que fue aprobada la noche del martes por el Congreso de los Diputados en el marco de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Esta tasa o canón digital afecta directamente a la gigante tecnológica, sin embargo la compañía se toma con tranquilidad el procedimiento legal del gobierno para sacar adelante esta medida.
REUNIÓN RUTINARIA
Algunos medios informaban esta mañana que Google se reunió hace tres semanas con los editores para intentar frenar lo que también se conoce en las redes como el #CanonAEDE.
"Hace tres semanas Google pidió a la AEDE una reunión para intentar convencerles de la escasa viabilidad del canon que ha aprobado el Congreso de los Diputados, informaba PR Noticias. Según esta publicación, Google es uno de los principales afectados con la aplicación de la denominada Tasa Google, aunque el buscador ha preferido el anonimato y la privacidad para intentar frenar la tasa. "No ha hecho públicas sus críticas ni demandas, pero sí lo han hecho en reuniones privadas que han mantenido con los principales actores. La última hace tres semanas con los representantes de la AEDE para intentar que los editores dieran marcha atrás", aseguran en el artículo.
Sin embargo, el vocero de Google ha descartado esta información, afirmando que son reuniones rutinarias que lleva a cabo la compañía para tratar distintos aspectos con los editores. "No sólo nos hemos reunido con ellos, nos reunimos con todos los grupos cada cierto tiempo", aclaran.
Google: "son reuniones rutinarias que lleva a cabo la compañía para tratar distintos aspectos con los editores"
Hay que destacar que, de acuerdo a PR Noticias, a la cita con la AEDE acudieron Bárbara Navarro, directora de políticas públicas de Google España, Portugal y Grecia, Francisco Ruiz, mánager de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google España, José Gabriel González, director general de la AEDE y Luis Enríquez presidente actual de la patronal de los diarios. En el encuentro -afirman en el artículo- insistieron en la escasa idoneidad de la tasa y en argumentos como la libertad de internet para compartir contenidos y en el daño económico para agregadores e internautas. Incluso llegaron a plantear la posibilidad de suscribir acuerdos en el apartado publicitario. La AEDE -agregan- se mostró inflexible y se mantuvo en su postura de impulsar la tasa de remuneración equitativa que se cobrará a los agregadores a partir de la aplicación de la nueva LPI. Eso sí, dejaron claro a Google que estaban abiertos a cualquier acuerdo publicitario, pero no supeditado a este trámite parlamentario.
Según se recuerda el mismo artículo, tras la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, se deberá esperar a la votación del senado que sería en septiembre y en donde se pueden incluir algunas enmiendas. Posteriormente, y una vez que esté todo cerrado, se deberá acordar el precio de esta tasa por cada agregación que se haga de contenidos.
LOS OTROS AFECTADOS
Distintos expertos han afirmado, tras la aprobación de esta norma, que no afecta únicamente a Google, sino también a otras redes como Facebook, Twitter y Menéame ya que sus usuarios también suben directamente el contenido con enlaces a la fuente original.
Según el artículo 32 del texto de la norma,"la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos o agregadores de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos" conlleva el "derecho irrenunciable" por parte de los editores a "percibir una compensación equitativa" por la publicación del contenido.
En este sentido explican que la justicia española se podría encontrar con la incapacidad de juzgar a los responsables de las plataformas que sean denunciados por AEDE. Estas firmas son compañías extranjeras y España no tiene jurisdicción fuera de su territorio. Las multas por incumplir la LPI van desde los 30.000 hasta los 300.000 euros.
Lo que sí que puede hacer es cerrar las páginas en territorio nacional, por lo que existe la posibilidad de que Facebook o Twitter acaben desapareciendo de España porque los usuarios han subido contenido editorial de los medios amparados por la LPI.
