El gobierno español aún no ha aplicado la directiva europea, cuyo plazo de aplicación finalizaba el 1 de enero de 2011. Por ello desde Bruselas se ha emitido un ultimátum en forma de dictamen, lo que supone la segunda fase de un procedimiento de infracción.
Así, las autoridades españolas tiene dos meses para cumplir con la normativa antes de que el Ejecutivo comunitario pueda llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.
Esta directiva tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto", según ha destacado la Comisión.
Otros países afectados por esta directiva son Eslovenia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal.
