A pesar de que haya caído el consumo de energía eléctrica a cifras del 2005, con el parque actual se atiende la demanda a 2020. Para ello, las condiciones que se han de cumplir son que las instalaciones de régimen ordinario se mantengan, se alimente la incorporación de renovables al sistema y, por último y más discutible para la política del actual gobierno, que no se limite la vida útil de las centrales nucleares a 40 años, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear.
Para distribuir de manera eficiente toda esta potencia hay que redimensionar y mejorar las redes para el transporte y distribución de la energía. La consecuencia inmediata de esta necesidad es la búsqueda de inversores versus deuda, para cubrir los recursos financieros de los planes de expansión de las compañías. Sin embargo, la situación actual de incertidumbre regulatoria coloca a las empresas en un esfuerzo de revisión de sus estrategias de inversión.
Los grandes inversores tienen sus dudas razonables sobre el apoyo a prestar a nuestro sector energético. Por tanto, es imprescindible crear un marco normativo que dé seguridad jurídica para que puedan ser atendidas las necesidades financieras surgidas del crecimiento del sector, a través del apalancamiento o dando entrada a inversores.
En los próximos años, iremos asistiendo a un proceso de concentración para alcanzar un tamaño crítico en las compañías que les permita generar economías de escala, sinergias sectoriales, integración y dedicación de recursos en I+D+i. Así, se conseguirá consolidar el mercado nacional y aumentar y robustecer nuestra presencia en los mercados exteriores.
