Sólo se salva de las críticas del Gobierno,lógicamente. Sindicatos, patronal y la propia banca, representada por el presidente del BBVA, Francisco González, no confían en la reforma laboral que se deberá aprobar el Ejecutivo de Zapatero después de la temporada estival.

En el marco de los cursos organizados por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo
, hoy ha sido el turno de la plana mayor del sector laboral en España. Los sindicatos aseguran que se trata de 'un decreto que tiene un contenido profundo y muy desequilibrado', mientras que para el presidente de la patronal, Juan Rosell, el nueco texto no acabará con la 'inflexibilidad' que caracteriza al mercado laboral español. Este mismo lunes, el presidente del BBVA, Francisco González, se pronunciaba en la misma línea al asegurar que 'no acabará con el problema del desempleo' como tampoco lo hizo el texto anterior.


Salario mínimo: se aumentará entre un 1,5/2,5%
El anuncio ha venido de la mano del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que ha establecido el salario mínimo interprofesional de cara al próximo año con un aumento que rondará el 1,5/2,5%. Los sindicatos han acusado al Gobierno de 'no cumplir con lo prometido' puesto que este incremento queda aún lejos de los 800 euros comprometidos por el Ejecutivo de Zapatero. Destacan, además, que la diferencia entre nuestro país y Francia, donde 'el salario mínimo es el doble' que en nuestro país cuando las diferencias reales de la situación económica son mínimas.

En este punto, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, apuesta una vez más por ligar el salario a la productividad tal y como ya están impulsando otros países europeos.


'Acabar con la dualidad'
Rosell asegura que el sistema laboral 'no funciona' e identifica tres problemas básicos 'que se definen en una palabra 'inflexibilidad'. Tenemos que pasar a un nuevo modelo que sea mucho más flexible como lo es la economía. Tenemos tres puntos importantes: la entrada en el mercado de trabajo, el mantenimiento y la salida que, en el caso de España, es muy cara, aunque no creo que sea el problema más importante en estos momentos.'

Tanto es así  que Rosell asegura que 'la salida de un trabajador' de una empresa 'es más difícil que un divorcio'. Entran en juego en este punto 'excesivos tipos de contrato' derivados de una legislación laboral que es, según dice, ' es hija del franquismo y nieta de la República' por la falta de relación que guarda con la situación actual. El empresario considera que sería necesario poner fin a la 'dualidad' del sistema laboral en el sentido de que algunos trabajadores tienen todos los derechos del mundo', mientras otros 'no tienen ninguno.'

El máximo responsable de la CEOE recuerda que los encargados de crear empleo serán los empresarios y, en concreto, las PYMES que han pasado por 'el drama' de ver cómo en los últimos cuatro años 250.000 empresas han echado el cierre. Además, es un situación que contrasta con Europa donde 'la media se sitúa en 40.000 grandes empresas' frente a las 5.000 españolas y que dan empleo al 30% de los trabajadores comunitarios, mientras que en España representan el 92% del tejido laboral.

Rosell considera que no se puede 'legislar para los trabajadores del sector público, ni tampoco para los que tienen contrato indefinido, sino que tenemos que intentar abrir el coto a quienes no se encuentran en este grupo. Hemos de abrir el mercado a la competencia', concluye. En su opinión, debería reducirse la tipología de los distintos contratos para favorecer la contratación por parte de los empresarios.


El arbitraje obligatorio, ¿inconstitucional?
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, dudan de la constitucionalidad de una de las medidas contempladas dentro de la reforma de la nueva ley de negociación colectiva. En concreto, se trata de la imposición obligatoria de recurrir al arbitraje entre empresario y trabajador en caso de conflicto laboral. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido esta vía para la resolución de conflictos sin entrar en el carácter constitucional de la medida.

Ignacio Fernández Toxo asegura que la negociación colectiva 'se adentra peligrosamente en un terreno que es la obligatoriedad del arbitraje'. Según Toxo, 'cuando uno intenta hacer equilibrios corre el riesgo de no contentar a nadie. Esto es lo que ha logrado el Gobierno, ni responde a las bases de acuerdo que estábamos configurando ni da soluciones a las que estábamos llegando. Creo que el decreto lleva en su seno un elemento muy preocupante que es el que puede deteriorar muy seriamente las condiciones de trabajo: por primera vez, se permitirá a las empresas negociar las condiciones a la baja más allá del convenio.'

Toxo recalca, además, la opinión de los expertos consultados por CCOO que consideran que se trata de una medida 'inconstitucional'. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en línea con Toxo, sostiene que 'el arbitraje no puede ser obligatorio' dentro de un contexto en el que están paralizados 150.000 convenios colectivos.


FOGASA, el excedente durará hasta dentro de 4 años
El Fondo de Garantía Salarial que contaba con un excedente de 4.300 millones en el año 2007 cuenta ahora con un excedente de 2.000 millones de euros. El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, asegura que 'sin alterar el 0,2% de cotizaciones que las empresas aportan al FOGASA, en cuatro o cinco años se acabará el excedente'.

Por su parte, Rosell considera que cuantas 'más mochilas' puedan llevar los trabajadores siguiendo el modelo austríaco, mejor será para los empresarios por lo que respalda la medida de mantener e incluso ampliar el porcentaje de cotización al Fondo de Garantía Salarial.