"En efecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha confirmado que la Comisión Europea puede actuar con respecto a posibles violaciones del artículo 21 (del Reglamento de Concentraciones) aún cuando no haya habido notificación previa", indicó la Comisión. Por tanto, esta actuación podría desencadenarse con el estudio que ya inició del documento de más de 400 páginas que el Gobierno envió a Bruselas el pasado sábado, una "versión confidencial" sobre el que la Comisión insistió hoy en que no se trata de una notificación oficial.