Si me permiten, lo intentaré explicar, con la perspectiva de quien ha visto esto siempre desde dentro de una redacción. A lo mejor le resulta útil a alguno de estos inversores.

Es imprescindible poner en contexto España. En 1996, el PP liderado por José María Aznar ganó las elecciones, de una manera agónica. Una ‘amarga victoria’ (así la calificó Pedro J. Ramírez) que, sin embargo, pilló a aquellos jóvenes políticos en la mejor etapa de sus vidas y con muchas ganas de hacer cosas.

El PP se dedicó a privatizar las grandes empresas públicas (un movimiento que ya había iniciado el PSOE de Felipe González), en un proceso de gran éxito: todas las colocaciones salieron bien y supusieron una enorme transferencia de rentas públicas al sector privado, justo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Cualquier persona pudo comprar acciones a partir de 60 euros. No hubo privilegiados, no hubo grupos de favor… capitalismo popular al 100%.

Al frente de estas corporaciones fueron nombrados presidentes los conocidos como ‘amigos de Aznar: Manuel Pizarro en Endesa, Juan Villalonga en Telefónica, (todos, amigos íntimos del presidente, a pesar de sus trayectorias profesionales reconocibles o incluso exitosas), César Alierta en Tabacalera, Francisco González (FG) en Argentaria, Alfonso Cortina en Repsol, sin olvidar a Miguel Blesa, su gran amigo, compañero de oposición, en Caja Madrid.

El año 2000 se saldó con la entrada en el euro de España, máximos históricos de la Bolsa y una mayoría absoluta de Aznar nunca prevista, otorgada por una sociedad de bolsillo agradecido.

Por si fuera poco, había comenzado el proceso de fusiones bancarias: Santander con BCH y BBV con Argentaria, con FG haciéndose, contra pronóstico, con el control. Las compañías, privatizadas, además, habían comenzado a internacionalizarse.

Dinero, crecimiento y rentabilidad parecían palabras unidas indisociablemente al PP. La prensa internacional ponía a España de ejemplo.

Fueron protagonistas en ese cambio personas como Rodrigo Rato (entonces, prestigioso político responsable de lo económico en el partido y el Gobierno), Luis de Guindos, (CEO de AB Asesores, vendida después a Morgan Stanley y experto en fondos de inversión), Jaime Caruana (responsable de la gestora de Renta 4, que luego fue director general del Tesoro y gobernador del Banco de España) o un jovencísimo Pablo Isla, entonces Director General de Patrimonio, que tuteló de manera inmaculada el proceso de privatizaciones. Había nivel, no cabe duda.

Pero llegó el 11-M y un sorprendente cambio político aupó a la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, un inexperto pero osado político, puesto como candidato por la fontanería socialista, convencida de que no había ninguna opción de ganar en aquellas elecciones generales y que lo mejor que se podía hacer era eliminar definitivamente a viejas glorias como José Bono para, al menos, evitar que controlaran el partido. Entonces y sólo entonces, se buscaría un buen candidato. Zapatero fue un instrumento útil que pasaba por allí. Un diputado que sólo había sido diputado a lo largo de su vida y al que no se le recordaba un discurso en el Congreso.

Y aquí comenzó un conjunto de movimientos demenciales en cascada. Sin equipo económico de su confianza, ‘rescató’ a Pedro Solbes (ministro de la etapa de González) y contrató a Miguel Sebastián, antiguo economista jefe del BBVA, despedido por FG y contra quien acumulada un indisimulado resentimiento.

A Sebastián, sin embargo, no le entregó ningún ministerio y lo puso al frente de la nueva Oficina Económica de Presidencia, con sede en la Moncloa, y reporte directo al presidente. Si existía antes ese organismo, desde luego, nadie lo recuerda, aunque es cierto que Aznar creó la Oficina Presupuestaria, al frente de la cual el Profesor Barea realizó los ajustes de gasto prometidos en el programa electoral del PP.

Tocaba jugar a las empresas. Poner y quitar presidentes, como había hecho el PP antes.

La primera jugada salió redonda. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega llamó a Alfonso Cortina y le espetó que el Gobierno no le quería al frente de Repsol. Apenas habían pasado siete meses desde los atentados del 11-M que dieron el poder a Zapatero. Cortina entregó las llaves sin ofrecer la menor resistencia, siendo reemplazado por Antonio Brufau, un socialdemócrata cercano a los socialistas de Cataluña.

¿Demasiado fácil, quizá?

Con la primera cruz puesta en el casillero, claramente envalentonados en Moncloa, llegaron los dos siguientes esperpentos. A principios de 2005, la constructora Sacyr y su antiguo presidente Luis del Rivero,  declaró poseer alrededor del 3% de BBVA a través de derivados, con la intención de seguir comprando, y pedía la inclusión en el consejo, para involucrarse en la gestión. Francisco González, FG, era el siguiente de la lista. ¿El gran aval de la operación?: “contamos con el respaldo del Gobierno y el visto bueno de la Oficina Económica”. Pero FG no era Cortina. Su capacidad de enroque no la habían siquiera calculado. Sacyr nunca tuvo opciones reales de desbancarle y tuvo que irse, con suculentas plusvalías financieras, eso sí, tras haber ‘calentado’ las acciones de BBVA en Bolsa.

Pocos meses después, se presentaba una OPA por parte de Gas Natural sobre Endesa. Gas Natural (resultante de la fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid, con sede en Barcelona), era mucho más pequeña que Endesa (históricamente, la mayor y mejor empresa española) y la oferta era parte en efectivo y parte en acciones, no muy por encima de los precios de mercado.

Con el PP había fracasado años atrás la fusión Endesa-Iberdrola, por problemas de competencia. Ahora, esa operación traía como solución la toma por parte de Iberdrola de activos redundantes, para evitar situaciones monopolísticas o, al menos, problemas en materia de competencia. Entraba ya en la jugada Iberdrola, con gran sorpresa del mercado, ya que su nuevo presidente (Ignacio Sánchez Galán) parecía querer entrar en enjuagues políticos.

Y comenzó una saga de historias dignas de Berlanga. Endesa, evidentemente, reaccionó ante una operación rácana y buscó un caballero blanco: la alemana E.On, a la que se solicitó la toma de un paquete significativo de bloqueo. Emisarios de Endesa viajaron a Alemania y ponderaron de tal forma la compañía que E.On dijo no sólo que sí, sino que iba a presentar una oferta por el 100%. Al menos, en efectivo y con una generosa prima. Así operaba el PP: si tiene que haber una operación, que haya mucho dinero por medio.

En el Gobierno perdieron los nervios ante la posibilidad de que la gran eléctrica pasara a manos de una empresa alemana (Merkel acababa de ganar y el torpe Zapatero la había llamado “fracasada” poco antes de su victoria) y se dedicaron a buscar una nueva contraoferta: la italiana pública Enel.

Ahí, ya no estaba Sebastián en la Oficina, sino su sucesor en BBVA, David Taguas. Mientras el Gobierno espiaba a Endesa a través del Cesid, Endesa hacía lo propio con detectives privados, que alertaban de encuentros en Italia entre el consejero delegado de Enel y el propio Taguas. Llegó a haber encuentros violentos entre la seguridad del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y los coches del Cesid, exigiéndose mutuamente la acreditación. Los medios de comunicación militaban en uno u otro bando, como si de una rivalidad deportiva se tratara.

Endesa acabaría en manos de Enel, con júbilo indisimulado del Gobierno socialista, pese a que los italianos se dedicaron a estrujar la compañía española, con la complicidad de Acciona, que suplía a Iberdrola como comodín empresarial en una operación inequívocamente política.

Mientras se desarrollaba todo ese sainete, Emilio Botín, ya totalmente al frente de la teóricamente fusión paritaria entre Santander y Central Hispano, se dedicaba a deshacerse de la cartera industrial e inmobiliaria heredada de la otra parte.

Una de esas joyas era Unión Fenosa, la tercera eléctrica en discordia. Los compradores eran un conglomerado empresarial gallego, al frente del cual estaba Amancio Ortega, dispuesto a mantener la ‘galleguidad’ de Fenosa.

Al parecer, Matías Rodríguez Inciarte, la persona de más peso en Santander más allá del propio Botín, contestó a ese grupo, por mensaje sms, “el patrón dice que ok a 30€. Enhorabuena”. La oferta presentada, de 30 euros por título, muy generosa respecto al mercado, tenía luz verde por parte de Botín. Fenosa seguiría siendo gallega.

Pero, ya de noche, irrumpió la ACS de Florentino Pérez. Las constructoras, en aquellos momentos, nadaban en liquidez y capacidad de endeudamiento, por lo que la necesidad de diversificación era casi desesperada. Sacyr, por ejemplo, no sólo quería el BBVA, también entró en Repsol. ACS subió 3 euros por acción la oferta y Fenosa pasó a ser madrileña. De paso, la operación significó la ruptura total del principal ejecutivo de Inditex, José María Castellano, con Amancio Ortega, pero esa es otra historia.

El Gobierno socialista no lograba meter sus manos en la banca o las eléctricas (al menos, de manera ordenada), pero sí parecía tener buen trato con las constructoras. Sacyr, Acciona o ACS eran buenos ejemplos.

En 2006, sorprendentemente, ACS comenzó a comprar acciones de Iberdrola, la otra gran eléctrica, que había superado ya en Bolsa a Endesa. Una operación amistosa y pactada. Desde el entorno de ACS siempre han dicho que entraron a petición del propio Ignacio Sánchez Galán, que buscaba reforzar un núcleo duro que le evitara sustos como el de Endesa. Iberdrola jamás lo confirmará, pero está claro que esa entrada no fue sorpresiva, ni mucho menos hostil.

La sorpresa (desagradable para Florentino) llegó cuando ACS se encontró con que Galán les negaba la entrada en el consejo, con el argumento de que eran competencia. Efectivamente, lo eran, no había que ser un genio: ACS tenía Fenosa. Florentino montó en cólera. No había entrado en Iberdrola simplemente para ser el cinturón de seguridad del presidente y ser un convidado de piedra. Avisó que iba a por otro 10%, hasta hacerse con un 20%. Entonces, veríamos qué pasaba. La guerra estaba declarada y no habría prisioneros.

Comenzó una pelea de dos de los personajes con más poder en España, capaces de emanar un sentimiento de odio que asusta a un ciudadano normal, aunque conviene matizar que, al menos, Florentino no sólo era ejecutivo: es fundador y accionista principal de ACS; a pesar de que en su día le superaban en peso los March. Galán es un ejecutivo.

En la eléctrica proclamaron a los cuatro vientos (y con fuertes inversiones publicitarias de apoyo, que todo hay que decirlo) que ACS venía a controlar Iberdrola, fusionarla con Fenosa y vender los activos redundantes. “No estamos dispuestos a que troceen nuestra empresa”, fue la consigna. Y tal vez tampoco les faltara parte de razón.

ACS incrementó, con derivados, su participación, poco a poco. Superó más del 12% y tenía claro que el único riesgo de su operación era una fuerte caída del valor de Iberdrola. Pero. ¿por qué tenía que caer una gran eléctrica que tenía una situación regulada, un flujo de caja enorme, el favor de los fondos…? Es una eléctrica, no una tecnológica. Por ese lado, todo parecía seguro.

En 2008, ya con las sombras de la crisis mundial ensombreciéndolo todo, ACS vendió Unión Fenosa a Gas Natural (posteriormente, Naturgy), por lo que teóricamente ya no era competencia. Pero Galán tampoco concedió ni por asomo la entrada en el consejo, argumentando que la constructora tenía una división de renovables, por lo que continuaba siendo competidora. La guerra continuaba, por tanto, cada vez peor.

Con las Bolsas cayendo a derribo por la quiebra de Lehman Brothers y la crisis en España, la cotización de Iberdrola también sufrió(desde 11,6€ en 2007 a 4,6€ en 2009), y los ‘covenants’ de ACS saltaban por los aires, con gran regocijo por parte de la eléctrica. Por tanto, también la propia ACS sufría un calvario bursátil, que hizo saltar a su vez el apalancamiento de accionistas en la propia constructora, como ‘los Albertos, así como algunos amigos de Florentino, que entraron en el valor por recomendación del propio presidente. En el mismo periodo, caía de 38€ a 14€. Un desastre total.

Los mismísimos March estuvieron al borde de la quiebra, ya que su Corporación Alba tenía alrededor del 50% de su patrimonio colocado en ACS. En cuanto pudieron y el valor recuperó, vendieron y se fueron con el susto (y las ganancias) a otra parte. Nunca más volverían a concentrar tanto sus inversiones.

La constructora parecía llamada a ser uno de los colosos que se llevaría por delante la crisis. La posición en Iberdrola, terminó por liquidarse y en la eléctrica, después de celebrarlo, pasaron a referirse al asalto de ACS con indiferencia, como algo anecdótico, superado, olvidado. Algo que no merece la pena ni dedicarle un minuto. No hay mayor desprecio que…

Serán los jueces quienes lo digan, pero conforme algunas partes personadas, Villarejo ya estaba contratado por Iberdrola entonces, ofreciendo sus servicios de espionaje empresarial, que entre otras cosas, incluía el detalle de las posiciones apalancadas de ACS.

¿Fue la propia Iberdrola quien contribuyó a la caída de la cotización de sus propias acciones? Son muchas voces las que lo sospechan y sin duda, el propio Florentino Pérez también, no en vano se ha personado en la causa contra Ignacio Sánchez Galán por este asunto.

Desde luego, Iberdrola puso toda la maquinaria a su alcance para defenderse de ACS y eso incluye contratación de despachos legales, bancos de negocio, o proxies que preparaban las juntas de accionistas con el mandato de lograr de los fondos “el mayor apoyo nunca visto a su gestión”.

Sin duda, el Ejecutivo socialista de entonces no veía con con la menor simpatía a la eléctrica con sede en Bilbao. Entre sus principales ejecutivos figuraba Fernando Bécker, consejero de Economía en Castilla y León en un Gobierno del PP o no se puede obviar el fichaje de Ángel Acebes, el portavoz del PP, que defendió la autoría de ETA en los atentados del 11-M y sin el menor conocimiento del mercado eléctrico. Hoy, continúa en la firma, como secretario del consejo.

En Telefónica, al menos, César Alierta hizo el esfuerzo de nombrar consejero a Javier de Paz (quien también sigue hoy en día en la operadora), amigo personal e íntimo de Zapatero, para paliar el nombramiento de su viejo colega de la Bolsa Manuel Pizarro, quien le pidió cobijo después del asalto a Endesa.

Florentino, por su parte, ha demostrado excelentes relaciones políticas siempre y sólo habría que citar la obra del Gasoducto del Castor, ideado por Sebastián y Zapatero. Ahí está, también, la llamada ‘enmienda Florentino’, por la cual el Gobierno prohibía, sorprendentemente, las restricciones de los derechos de voto a los accionistas, en una medida colocada a toda prisa en la Ley de Sociedades Anónimas, aparentemente a medida para el caso Iberdrola.

Realmente, este ha sido el problema: la intromisión del Gobierno en la vida empresarial, bajo vergonzosas proclamas de independencia. En un encuentro en la propia Moncloa con unos cuantos medios de comunicación, el portavoz del Ejecutivo, Fernando Moraleda, al ser preguntado por las operaciones sobre Endesa y los encuentros de Taguas en Italia con el CEO de la empresa eléctrica pública transalpina, contestó cínicamente que “el Gobierno no interviene en operaciones privadas”, lo que provocó auténtico enfado en algunos corresponsales internacionales en dicho evento, que echaron en cara a Moraleda la pérdida de tiempo y que se les tomara por tontos.

Dicen que, tras la OPA lanzada por Gas Natural, el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo a un diputado nacionalista que la operación “valía más que medio estatut”. Eran tiempos en los que Cataluña amenazó con endurecer posturas si no se le renovaba el estatuto de autonomía con más cesiones y Zapatero prometió que aprobaría el documento que le llegara desde el Parlament catalán, en una promesa tan populista como insensata. La OPA debería servir para que Cataluña no pidiera demasiado, ya que el gran gigante energético español tendría sede en Barcelona. Eso sí era una concesión, toda vez que quien controlaba a su vez a Gas Natural era La Caixa, la gran entidad financiera catalana.

Sin la intromisión del Gobierno de manera tan descarada agresiva y, evidentemente, chapucera, las empresas no se habrían echado en manos de gente como Villarejo. Fue, sin duda, una mala decisión. Como contratar a la mafia para que te defienda de otros mafiosos. Por desgracia, en un país donde lo público se siente poseedor de lo privado y lo privado casi siempre desea tener a lo público bajo control, ocurren estas cosas. Siguiendo el rastro de Villarejo, se llega a La Moncloa.