El juez ha comunicado hoy a la textil catalana Dogi que ha aceptado y aprobado el concurso voluntario presentado por la compañía el miércoles pasado tras acumular un pasivo de 42,5 millones de euros. Del pasivo total, 28 millones corresponden a la deuda contraída con las entidades financieras, seis millones a proveedores, cinco millones al grupo Dogi y tres millones a las administraciones públicas.
El fabricante de tejidos elásticos esgrimió como causas para solicitar concurso una reducción de las ventas en los últimos meses, una estructura de costes "excesiva" --debido a la duplicidad de costes originada por el traslado de la fábrica a la nueva instalación de Dogi II en El Masnou (Barcelona)--, además de una restricción del crédito por parte de entidades financieras que han impedido atender regularmente las obligaciones financieras de la compañía.

El año pasado, Dogi puso rumbo a un proceso de reorganización para integrar sus tres fábricas en España en un único centro productivo y logístico en El Masnou, y provisionó para ello 3,7 millones de euros. Además, cerró su planta de Filipinas y trasladó su actividad de Tailandia y China para optimizar costes.

Estas medidas, sumadas a la difícil coyuntura, hicieron mella en su resultado consolidado de 2008, que cerró con pérdidas de 59,1 millones de euros.

Por este motivo, los auditores incluyeron salvedades en su informe anual remitido a la CNMV, donde expusieron su incertidumbre sobre la capacidad del grupo para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes en que figuran en las cuentas.

La auditoría señala que la textil acumula pérdidas pendientes de compensar de 139,6 millones de euros, una deuda total de 61,9 millones de euros frente a un patrimonio neto de 36,1 millones y un capital circulante negativo de 4,5 millones de euros.

De momento, la plantilla, un total de 318 trabajadores, ya se ha visto afectada por la aplicación de un ERE temporal para adecuar la estructura a la demanda existente.