El Gobierno británico está dando los últimos retoques a la nueva legislación que le permitirá intervenir en casos de entidades bancarias en bancarrota. Se espera que al asumir estos poderes se pueda ahorrar la agonía de repetir la atropellada respuesta a casos como el de Norhtern Rock, señala hoy el
Telegraph. Sin embargo, las reformas propuestas apuntan a reducir aún más la confianza de los inversores, con lo que estarán menos dispuestos a contribuir con sus recursos a rescatar bancos. La consecuencia será que el coste para adquirir capital de los bancos británicos se verá incrementada. La propuestas permitirán a las autoridades tomar el control de un banco que no pueda superar las condiciones propuestas por la Autoridad de Servicios Financieros
(FSA) para permitirle operar. Dichas instituciones serán puestas bajo un régimen especial, dando a las autoridades poderes para imponer la venta total o por partes del banco, transferir algunos de sus activos y pasivos a una entidad solvente para una eventual reventa o para tomarlo como una propiedad pública con carácter temporal.
