La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, si bien establece un periodo "de adaptación" en ambos casos que se extenderá hasta 2013.