El Banco de España propone que Caja Castilla-La Mancha (CCM) y su ex Consejo de Administración sean sancionados por dos faltas "muy graves", además de otra grave, así como importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para sus ex consejeros debido a deficiencias en cuanto a su política de gestión, inversión y concesión de créditos.
Las faltas calificadas como "muy graves" pueden suponer la "revocación" para que una entidad pueda operar, si bien fuentes financieras destacaron que el Banco de España intervino la entidad para garantizar su gestión de futuro, según ha adelantado hoy la prensa. 

En abril, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró que el objetivo es administrar la caja "el menor tiempo posible para buscar una salida ordenada" y destacó que con la intervención la entidad ha podido "seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones y compromisos".

En su pliego de cargos contra los de antiguos consejeros, el organismo aprecia una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración". Además, CCM carecía de unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.

Respecto al ex presidente del Consejo de Administración Juan Pedro Hernández Moltó, el pliego de cargos recoge que a pesar de que no tenía funciones ejecutivas propias ni delegadas por el Consejo, "se integra de facto en el comité de dirección, asistiendo a todas sus reuniones y además, realiza funciones de gestión directa con los ejecutivos de la entidad, con los que se reunía de forma frecuente".

Todo ello pone de manifiesto que la estructura organizativa de la entidad se había apartado de las líneas de responsabilidad definidas en sus estatutos y que el ex presidente "se ha extralimitado en las funciones que le correspondían".

Respecto a la Comisión de Inversiones, cuyo objeto es informar al Consejo sobre la viabilidad financiera y adecuación a los presupuestos y planes estratégicos, se pone de manifiesto que los tres miembros de esta comisión eran también miembros de órganos de administración de sociedad participadas por CCM.

El hecho de que José Fernando Sánchez Bódalo, Tomás Martín-Peñato e Ismael Cardo Castillejo compatibilizaran estas responsabilidades "no es congruente con el grado de independencia" que debería tener el órgano de control de las inversiones de CCM, más si se tiene en cuenta que dichos miembros perciben, a su vez, dietas por su participación en los Consejos de Administración de las participadas.

Ha detectado "importantes deficiencias" en los mecanismos de control interno de inversión y en el procedimiento de decisión de inversiones y desinversiones estratégicas, así como en concesiones de créditos y asunción de riesgos.

Cita como ejemplo la ampliación de la participación de CCM en el Aeropuerto de Ciudad Real, del 25% al 37,6%, sin que hubiera informe de la Comisión de Inversiones, caso similar a lo ocurrido con inmobiliarias como 'Centrum', 'Lohtse Desarrollos Inmobiliarios'.

En casos como Metrovacesa el Consejo no se dio por informado de la OPA parcial a la que acudió la caja y respecto a otras inmobiliarias no se informó al consejo de CCM Corporación ni al de la entidad y tampoco hubo informe de la Comisión de Inversiones.