El consejo de administración del francés Eiffage se reúne hoy para preparar su respuesta a la oferta de compra lanzada por el español Sacyr, y hay pocas dudas sobre la calificación que dará a esa operación a la vista de la hostilidad mostrada hacia el que es su primer accionista desde hace 15 meses.
El presidente de Eiffage, Jean-Francois Roverato, espera contar con la unanimidad del consejo para organizar un frente de defensa frente a Sacyr, que podría venir de la mano de la exigencia de que la constructora española, si quiere una fusión, tiene que lanzar una opa en efectivo a un precio mínimo de 129,5 euros por acción, que fue el techo de la cotización en las últimas semanas. Más importante que el pronunciamiento hoy de los administradores de Eiffage, se anuncia el dictamen de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) sobre la oferta de Sacyr lanzada el pasado jueves, para lo que tiene un plazo de diez días. La dirección de Eiffage pretende convencer a la AMF de que la opa del grupo español, tal y como está planteada sólo a través de un canje de acciones, no es sino un subterfugio para contravenir la reglamentación y evitar pagar el precio de 129,5 euros por acción en lugar de los 107 que propone. Roverato sostiene que Sacyr y los otros 89 accionistas españoles que controlan el 17,5% de Eiffage en realidad están concertados y por eso se justifica que se les privara de derecho de voto en la junta de la semana pasada, donde por segundo año consecutivo se impidió la entrada de la constructora española en el consejo de administración. En caso de concertación, los propietarios de una participación superior a un tercio del capital (el 33,3%) tienen que lanzar una opa sobre el 100% a un precio que represente una prima respecto a la cotización, de forma que los accionistas actuales no salgan perdiendo con la toma de control. La dirección confía en que sus argumentos convenzan a la AMF de la alianza entre los 89 accionistas españoles con Sacyr -algo que niegan unos y otros- por la concentración de las compras de títulos de Eiffage por los segundos justo antes de la junta, a precios muy elevados y en porcentajes inferiores a los que les hubieran obligado a declarar las operaciones a la dirección. El dictamen del "gendarme bursátil" francés se prefigura sólo como el preludio de una batalla jurídica que puede ser larga, dado que Sacyr ha amenazado con impugnar ante la justicia la privación de los derechos de voto a los otros accionistas españoles, y Roverato ha indicado que también recurrirá a los tribunales si lo hace el grupo de Luis de Rivero. La cuestión es relevante más allá del propio caso porque lo que se plantea es si la mesa de la junta de Eiffage se excedió con la privación de esos derechos y tomó una medida de discriminación en razón de la nacionalidad, o si estuvo justificada para impedir el presunto intento de los españoles de hacerse con las riendas de la empresa con métodos irregulares. La ecuación de canje de la opa lanzada por Sacyr es de doce acciones propias por cada cinco de la francesa y va dirigida al 66,7%% del capital que no controla. Los trabajadores de Eiffage, que han manifestado repetidamente su oposición a Sacyr porque temen un desmantelamiento de su grupo, la venta de algunos negocios y un modelo de mayor precariedad en el empleo, han organizado una jornada de movilización contra la opa el próximo miércoles, con una concentración en el centro de París.