El contrato establece un periodo inicial de 12 meses previo cierre financiero durante el cual se procederá a evaluar y proponer ajustes a los parámetros económicos de la concesión "debidos al impacto que la actual crisis económica y financiera tiene en las condiciones y costes de financiación, en los decapital y en las previsiones de tráfico con respecto al momento de la presentación de la oferta".
Por ello, el contrato queda supeditado tanto a la libre decisión de la concesionaria como a la Administración polaca. Así, en ausencia de acuerdo, la concesionaria recuperaría los costes incurridos por las actividades de diseño y construcción y el contrato quedaría sin efecto.
