Tras el anuncio por sorpresa este fin de semana de la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia  el ministro de Hidrocarburos y Energía del país andino, Juan José Sosa, ha manifestado su confianza en que esta semana se reúna en La Paz con representantes de la eléctrica española para tratar la compensación 

El decreto supremo promulgado el sábado por el presidente boliviano Evo Morales ordenaba la nacionalización de las distribuidoras de electricidad Electropaz de la Paz y Elfeo de Oruro y de las empresas de servicios Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios (Edeser), todas ellas propiedad de Iberdrolaalegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales.

El decreto prevé un plazo de 180 días para que un organismo independiente determine el valor de las empresas nacionalizadas y el Estado abone la cantidad correspondiente. 

Durante una entrevista a la radiotelevisión estatal recogidas por la agencia de noticias ABI., Sosa se refirió a la compensación que deberá abonar Bolivia por la nacionalización el pasado 1 de enero de Transportadora de Electricidad, entonces filial de Red Eléctrica Española. El ministro ha señalado que en este caso continúa el proceso de valoración de los activos y pasivos de esa firma.

La eléctrica española pedirá una indemnización de 75 millones. Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%. El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.