Tormenta en Brasil: el endurecimiento de los requisitos de capital amenaza la estabilidad de cientos de empresas

El cambio eleva de manera sustancial el umbral requerido para operar legalmente, una medida que busca reforzar la solidez del sistema, pero que, según expertos y asociaciones empresariales, podría dejar fuera del mercado a centenares de instituciones medianas y pequeñas incapaces de cumplir las nuevas exigencias.

Un cambio que marca un antes y un después

El Banco Central ha fijado el nuevo capital mínimo en 9.100 millones de reales, equivalentes a unos 1.680 millones de dólares, frente a los 5.200 millones que se requerían hasta ahora. 

Este incremento, que se aplicará de forma progresiva hasta enero de 2028, tiene como objetivo mejorar la capacidad de resistencia del sistema financiero frente a riesgos operativos y garantizar una mayor transparencia en la gestión de las entidades.

El organismo regulador argumenta que la medida responde a la necesidad de alinear las normas brasileñas con los estándares internacionales de supervisión bancaria. 

Según el comunicado oficial, los requisitos se ajustarán en función de las actividades reales que desarrollen las instituciones, en lugar de basarse únicamente en su clasificación formal. 

Esto significa que las entidades con operaciones complejas o con exposición a riesgos elevados deberán contar con una base de capital más sólida.

Las autoridades también han establecido que aquellas entidades que utilicen en su denominación la palabra “banco” o expresiones similares deberán mantener un colchón de capital adicional, con el fin de reforzar la confianza del público y prevenir situaciones de insolvencia.

Reacciones divididas en el sector financiero

El anuncio ha generado preocupación entre las instituciones medianas, fintechs y cooperativas de crédito, que temen no poder reunir los fondos necesarios para adaptarse al nuevo marco. De acuerdo con estimaciones de analistas del sector, unas 500 empresas podrían verse afectadas de manera directa por la actualización regulatoria.

El incremento del capital exigido podría obligar a muchas entidades a fusionarse, vender activos o abandonar el mercado, lo que implicaría una concentración aún mayor del sistema financiero brasileño.

 Los expertos advierten que esta tendencia podría reducir la competencia y encarecer los servicios financieros, especialmente para los sectores más vulnerables de la economía.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que la nueva normativa es indispensable para blindar el sistema financiero frente a operaciones de riesgo y fraudes. Las autoridades han recordado que la estabilidad económica del país depende de la solidez de las instituciones y de la capacidad de supervisión del Banco Central.

El impacto sobre las fintech y la transparencia financiera

Una parte relevante de la regulación afecta directamente a las empresas de tecnología financiera, que en los últimos años han ganado terreno en el mercado brasileño. 
El Banco Central ha ordenado el cierre de cuentas abiertas en bancos tradicionales por parte de fintechs que no puedan demostrar la trazabilidad completa de los fondos o que operen servicios no autorizados.

Esta disposición está relacionada con las conclusiones de la Operación Hidden Carbon, una investigación policial que reveló el uso de plataformas financieras digitales para ocultar activos y facilitar actividades ilícitas. 

Según las autoridades, las nuevas normas buscan cerrar las lagunas legales que permitían ocultar a los beneficiarios finales de determinadas operaciones.

Aunque el sector reconoce la necesidad de mayor transparencia, muchas fintechs temen que el endurecimiento normativo frene la innovación y el crecimiento del ecosistema digital financiero. 

Varias asociaciones empresariales han pedido al Banco Central que considere medidas de apoyo para evitar que las nuevas exigencias limiten la competencia y el acceso a servicios financieros alternativos.

Los próximos años serán decisivos para medir el verdadero alcance de esta reforma. La implementación gradual hasta 2028 ofrece un margen de adaptación, pero también un reto: las empresas deberán reorganizar sus estructuras financieras sin perder rentabilidad.