Las cláusulas suelo encarecen una hipoteca media hasta 2.000 euros anuales, según denunció hoy la organización de consumidores Facua, que reclama al Gobierno la eliminación de estos topes aplicados al interés que paga el deudor. Las cláusulas suelo, que impiden a los titulares de hipoteca beneficiarse de las rebajas de los tipos de interés a los que está referenciado el crédito, oscilan desde el 1,25 y al 4,95%, según cálculos de la organización.

Facua demanda al Gobierno que proteja los intereses de los usuarios y "deje de mirar hacia otro lado ante la aplicación de estas cláusulas suelo que están beneficiando de forma abusiva a la banca".

En este sentido, valora positivamente la proposición no de ley que registra este lunes el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso en la que, haciéndose eco de las reivindicaciones y análisis de la asociación, solicita al Gobierno que ponga fin a las cláusulas suelo.

Más de la mitad de las hipotecas analizadas por Facua tienen cláusulas suelo que pueden impedir que el consumidor se beneficie totalmente de las bajadas del Euríbor, indicador al que se referencian en España más del 95% de las hipotecas.

La hipoteca con el suelo más alto de las analizadas lo eleva al 4,95%. Si se aplicaran los intereses que figuran en el contrato, el Euríbor (que se situó en el 1,232% en enero) más el 1%, un préstamo de 115.000 euros a 23 años supondría una cuota de 533,11 euros mensuales.

Sin embargo, la existencia de la cláusula suelo provoca que la cuota mensual se eleve a 698,69 euros. Así, en un año, el suelo incrementa la cuota en nada menos que 1.986,96 euros.

El pasado septiembre, el Senado aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular que recogía las reivindicaciones de Facua al Gobierno contra las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas.

La iniciativa aprobada en el Senado exige el cumplimiento del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre), que establece la exclusión de claúsulas abusivas.

Facua denunció la situación en agosto ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y el Banco de España, y solicitó las medidas necesarias encaminadas a que cesen este tipo de prácticas abusivas.