El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que aprobó hoy el Gobierno reducirá a partir de 2013 los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra, y obligará a todas las sociedades cotizadas a realizar un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y los equipos directivos, que deberá someterse a votación como un punto separado en las juntas de accionistas.
El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

El anteproyecto contempla una modificación de la Ley del Mercado de Valores que obligará a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros, al tiempo que el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo prudente y eficaz.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que presentó al término del Consejo de Ministros el citado texto, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberá ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

En materia de regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.