La crisis energética obliga a la UE a congelar una regulación climática para petroleras y gasistas

La medida afecta directamente a la normativa sobre emisiones de metano, una legislación diseñada para obligar a productores y exportadores energéticos a controlar y reportar las emisiones generadas a lo largo de toda su cadena de suministro.

El giro llega en un momento especialmente delicado para el mercado energético internacional. La presión geopolítica en Oriente Medio, las dudas sobre el abastecimiento global y el encarecimiento del petróleo y del gas han obligado a Bruselas a priorizar la seguridad energética frente a parte de sus objetivos climáticos inmediatos.

La Comisión Europea trabaja ahora en unas directrices que permitirían a los gobiernos nacionales retrasar o incluso evitar sanciones a compañías que incumplan determinadas exigencias relacionadas con el control de emisiones de metano.

La normativa sobre metano entró en vigor este año

La regulación fue aprobada hace dos años como parte de la estrategia climática europea destinada a reducir las emisiones contaminantes asociadas al sector energético. 

El objetivo no solo era reducir las emisiones dentro de la UE, sino también exigir estándares similares a todos los países y empresas que exportan petróleo y gas al mercado europeo.

El metano es considerado uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos para el calentamiento global. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, su capacidad de atrapar calor es mucho mayor. 

Organismos internacionales especializados en energía llevan años señalando que reducir fugas de metano es una de las medidas más rápidas y relativamente baratas para ralentizar el cambio climático.

La normativa europea obliga a las compañías energéticas a implementar sistemas avanzados de seguimiento, supervisión, verificación y reporte de emisiones. Además, desde 2027, los importadores de gas deberán demostrar que sus proveedores cumplen requisitos equivalentes a los exigidos dentro de la UE.

Las sanciones previstas para quienes incumplieran la ley podían alcanzar hasta el 20% de la facturación anual de las empresas afectadas.

Estados Unidos y Qatar aumentan la presión sobre Bruselas

El endurecimiento regulatorio europeo ha generado una fuerte reacción entre algunos de los principales proveedores energéticos de Europa. Estados Unidos, convertido en el mayor suministrador de gas natural licuado para la UE tras la reducción de importaciones rusas desde 2022, llevaba meses mostrando su rechazo a la normativa.

La industria energética estadounidense considera que las nuevas exigencias suponen una carga administrativa y económica demasiado elevada para los exportadores de gas y petróleo. 

El sector teme que las obligaciones de control y certificación encarezcan operaciones y dificulten contratos internacionales de suministro.

La presión aumentó todavía más después de que la administración de Donald Trump impulsara acuerdos energéticos con Europa valorados en cientos de miles de millones de dólares durante los próximos años. 

La intención de Bruselas de aumentar las compras de energía estadounidense chocaba directamente con las exigencias regulatorias previstas para 2027.

También QatarEnergy habría mostrado su rechazo frontal a continuar suministrando gas natural licuado a Europa bajo las condiciones actuales de la directiva.

Bruselas busca margen de maniobra sin eliminar la ley

La Comisión Europea no plantea por ahora eliminar formalmente la regulación, pero sí flexibilizar su aplicación mediante nuevas directrices dirigidas a las autoridades nacionales.

El borrador elaborado por Bruselas permitiría retrasar sanciones cuando exista riesgo para la seguridad del suministro energético o situaciones excepcionales derivadas de una crisis internacional. 

Además, las autoridades podrían valorar si la aplicación estricta de multas compromete el abastecimiento energético de determinados países.

En la práctica, esto otorga a los gobiernos europeos un margen mucho más amplio para decidir cuándo y cómo aplicar la normativa.

La decisión refleja el delicado equilibrio al que se enfrenta actualmente Europa: mantener sus objetivos climáticos mientras intenta garantizar suficiente suministro energético para industrias, hogares y transporte.