Sin duda, los socios más afectados por la Gran Pandemia. Sanitaria y económicamente. La cifra que gestionará Moncloa supone el 11,2% del PIB, a precios de mercado, a finales de 2019. Sánchez definió el acuerdo como un auténtico Plan Marshall.

“Estoy en un 95% satisfecho con el acuerdo”, aseguró el presidente del Gobierno español nada más constatarse el acuerdo, que resta 5.000 millones de la propuesta inicial de la Comisión. Pero el fondo de reconstrucción, como se encargó de suscribir Pedro Sánchez, en sintonía con Angela Merkel y Emmanuel Macron, “es un gran pacto para Europa” y “para España” como precisó con posterioridad. La UE -aseguró- “ha escrito una de las páginas más brillantes de su historia”. Las partidas financieras asignadas a la cuarta economía del euro alcanzan los 140.000 millones de euros del total de 750.000 que movilizarán las arcas comunitarias. De los que 72.700 tendrán la vitola de ayudas directas, subsidios o garantías, frente a los 77.500 que estipuló la iniciativa con la que acudió la Comisión a la cumbre de cinco frenéticos días que ha necesitado los socios de la Unión para dar forma definitiva al acuerdo. La porción española supone el 11,2% de su PIB. “Es un auténtico Plan Marshall”, se jactó, en alusión a su reivindicación de primavera, cuando se empezaron a fraguar en el entramado institucional comunitario las medidas de estímulo fiscal con vitola europea. También destacó lo “inédito” de una herramienta financiera con recursos suficientes para paliar los efectos de la Gran Pandemia y allanar la pista de despegue del PIB de la Unión. Y, por supuesto, del español, que recibirá el segundo cheque más cuantioso; sólo por detrás del italiano. “Hoy todos los europeos ganamos y la UE sale mucho más fuerte”, insistió el jefe del Ejecutivo español, para quien la negociación ha sido un “reto extraordinario” que ha requerido de un “trabajo extenuante”, pero cuyo resultado “ha merecido la pena”.

Gilles Moëc, economista jefe de Axa Investment Managers valora el plan de reconstrucción, no sólo por su volumen, sino por la capacidad de acuerdo de los líderes europeos: “Las posiciones iniciales estaban muy alejadas” y se llegaron a poner en cuestión “aspectos que colisionaban con los principios” del club comunitario. Incluso “se han roto algunos tabúes importantes, en particular la mutualización de la deuda, lo que, en el año de Brexit, resulta tranquilizador”. Aun así, y desde un punto de vista macroeconómico, el programa “es menos ambicioso que el plan primigenio del eje franco-alemán, y está cargado de dificultades futuras”. En particular, por su “compleja gobernanza y los efectos financieros negativos en otras áreas de gasto de la UE”. Y, de forma más específica, por la dificultad del consenso. Moëc lo explica de forma elocuente: “La cifra global de 750.000 millones de euros está a salvo, pero las subvenciones -la partida clave- se reducen de los 500.000 millones de euros iniciales a 390.000 millones de euros. Dado que la negociación se centró en una cifra redonda de 400.000 millones. Todo lo que estaba por debajo era inaceptable para Francia y Alemania, y todo lo que estaba por encima era inaceptable para los socios frugales. Pero se encontró un truco: 390.000 millones a precios de 2018. “De manera que, con un poco de inflación terminará por encima de los 400.000 millones de euros en euros actuales”.

El economista de Axa también arroja luz sobre futuras dificultades de gestión de las ayudas. “Los frugales querían un derecho de veto sobre la fórmula con la que se iba a utilizar el dinero por parte de los Estados miembros. No lo consiguieron, lo que habría sido un obstáculo para aquéllos con mayores niveles de fragilidad presupuestaria y de manejo de la deuda, pero el proceso de administración de los recursos va a ser engorroso”. Entre otras razones, porque “el programa de recuperación y resiliencia elaborado por cada Estado miembro, en el que se describe el uso previsto de los recursos, deberá ser aprobado por el Consejo de la UE por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, que tendrá en cuenta la coyuntura macroeconómica de cada socio, lo que abre la puerta a un tipo de condicionalidad que los periféricos no deseaban”.

El acuerdo, a su juicio, “es probablemente más importante desde el punto de vista político y simbólico que por las posibilidades de afectar rápidamente a las condiciones cíclicas”, porque “hablamos de un gasto de las subvenciones inferior al 0,4% del PIB de la UE por año hasta 2027, con una lenta acumulación”. Es decir, que “no puede ser un sustituto completo de los esfuerzos fiscales nacionales, ni mucho menos”. En cuanto a la cuestión clave de la asignación de los fondos, el 70% se asignará (aunque no se desembolsará realmente) en 2021 y 2022 siguiendo la propuesta inicial de la Comisión: cuanto menor sea el PIB per cápita y mayor la tasa de paro que precedió a la pandemia, mayor será la proporción de cada país, “por lo que la asignación es muy favorable para los periféricos”. Sin embargo, a partir de 2023 -alerta- “los criterios de desempleo serán sustituidos por la pérdida real del PIB tras la pandemia”, razón por la que los desembolsos reales “serán necesariamente lentos”. Para Moëc, “es relevante que el tabú de la mutualización de la deuda se rompa finalmente y que al final los Estados miembros logren llegar a un acuerdo que proporcione una solidaridad financiera concreta”. Es una maniobra que ayudará a mantener los diferenciales soberanos bajo control. El analista de Axa conviene en señalar “algunos guiños hamiltonianos en el acuerdo, como la confirmación de que la UE se beneficiará de más recursos directos -como un impuesto fronterizo y otro sobre el plástico-, pero es demasiado pronto para concluir que la federalización fiscal está realmente en marcha”.

Ajustes para el presupuesto de 2022

Los analistas españoles coinciden en recomendar a Moncloa un plan de consolidación fiscal. En Fedea, sin embargo, se insta a retrasar sus medidas a 2022, ejercicio en el que -advierten sus expertos- serán más efectivas las medidas de recorte del gasto y de alzas de impuestos. Ahora, la prioridad, y más con el plan de reconstrucción europeo en marcha, es la protección a sectores, empresas y hogares, con el combate contra la destrucción de empleo como leitmotiv. Pero sin descuidar el diseño de una estrategia de consolidación que permita rebajar 0,5 puntos al año el déficit estructural para sanear las cuentas en 10 años, asegura Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en un documento que suscribe con Juande Portillo también de Fedea. “España debe centrarse este ejercicio y el próximo en combatir los efectos sanitarios y económicos de la crisis del coronavirus”; sin embargo, también “necesita contar con un plan de actuación creíble y ambicioso que especifique una senda explícita de ajuste fiscal a partir de 2022”, con objeto de “aportar certidumbre a las empresas, confianza a los mercados y equilibrio a las cuentas públicas tras la ingente factura pública que afronta”. 

La propuesta de Fedea no es baladí. Ni específicamente de su sala de máquinas e investigación. Es la conclusión del Informe sobre la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria tras el Covid-19, publicado hace unas fechas por el denominado Grupo de Trabajo Mixto-Covid19 (GTMC), un cónclave de 120 reputados economistas y expertos coordinados por esta fundación, que prevé aportar una decena de documentos de análisis y propuestas para la recuperación a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Este primer documento, coordinado Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA, en el que también colaboran expertos de Funcas, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Repsol o diversas universidades, coincide con el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) de impulsar y priorizar el gasto público, que es, “ahora mismo, totalmente necesario”. De hecho, los investigadores que suscriben el estudio estiman que las medidas de estímulo ya anunciadas por el Gobierno “evitarán una contracción adicional de tres puntos adicionales” en la economía española, que toma como referencia las previsiones económicas de la UE y asume que el país afronta una caída del PIB del entorno al 10% en 2020; un déficit público que saltará del 2,8% de 2019 algún punto entre los 10 y 12 puntos de PIB; y unas necesidades financiación de 300.000 millones de euros que elevarán la deuda pública por encima del 115% este año.

“Este año toca usar las políticas públicas. El próximo año, la recuperación será aún incipiente”, incide Doménech, antes de advertir que en 2022 “será el momento de iniciar un programa de consolidación fiscal” que permita reducir el déficit estructural, que para ese momento se estima en un 5% del PIB; es decir, en medio punto anual”. El objetivo es el de recuperar el equilibrio presupuestario “en una década”. Eso sí, su diseño debe ser inminente, en “los próximos meses”, para “proporcionar certidumbre a los agentes económicos con un plan transparente, ambicioso, pausado pero sostenido a lo largo del tiempo, creíble” y con el “máximo apoyo político y social” para garantizar su éxito.

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La iniciativa dirigida desde Fedea establece como prioridad “tomar medidas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española y reducir su desempleo estructural”. Doménech recuerda que la tasa de paro estructural de España en los últimos años ha sido del 16% frente al 7% de los países del entorno. “Si se rebajan esos nueve puntos se ganaría margen presupuestario equivalente a seis puntos de PIB, más que los cinco puntos que se requieren para poder rebajar el déficit estructural”, expuso, admitiendo que logarlo llevará años y que pasa por tomar nuevas medidas laborales, en lugar de por derogar la reforma de 2012 como planeta el Gobierno. Sólo en segundo lugar habría que poner el foco en “racionalizar el gasto público” y “por último, si con lo anterior no fuera suficiente”, cabría “evaluar qué subidas impositivas podrían ser necesarias, en aras siempre minimizar su efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo”. El coordinador del documento defiende en este punto que el “camino rápido” del aumento de la presión fiscal puede ser perjudicial para la economía y debe afrontarse en el marco de un pacto de la UE o la OCDE en el caso de las nuevas tasas Google y Tobin que el Ejecutivo ha llevado ya al Parlamento.

Por último, esta propuesta colectiva conmina a utilizar de la forma más óptima todos los fondos europeos disponibles y concluye sosteniendo que el plan de ajuste presupuestario debe evitar causar “desigualdades personales, regionales o generacionales” e impedir que, “como pasó con la crisis económica anterior, la Gran Recesión, los jóvenes sean los perdedores”.

Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA, matiza que el origen de la recesión en España “no se encuentra en la acumulación de desequilibrios en algún mercado ni en el ajuste posterior en la demanda que suele darse, sino en una epidemia y en las restricciones a la oferta de bienes y servicios para limitar su contagio”. En total, el servicio de estudios del banco estima una pérdida del 25% del PIB durante el primer semestre del año respecto al cierre de 2019 y una reducción promedio del 11,5% en 2020. Con sectores que tradicionalmente suponían un refugio en épocas de crisis sufriendo los efectos de las restricciones, como la hostelería. Además -dicen en BBVA- buena parte de la disminución del gasto se ha concentrado en la producción nacional, mientras que las importaciones se han reducido mucho menos de lo que se pensaría dado el ajuste en la demanda interna. Motivo por el que los trabajadores que más han sufrido la crisis son aquellos que tenían un contrato temporal, mientras que la destrucción de empleo ha sido mayor entre los más jóvenes. En esta ocasión, “no se espera que el BCE revierta pronto las medidas que ha puesto en marcha dentro de su plan de estímulo monetario, por lo que debe ser la política fiscal la que debe permanecer en fase expansiva”; por eso, el fondo de recuperación europeo es una buena noticia. Sus pronósticos sobre la economía española no son halagüeños. Experimentará una contracción este ejercicio del 11,5%, aunque crecerá un 7% en 2021, con una recesión para el primer semestre del 20%. “Sin embargo, la flexibilización de las restricciones ha permitido el inicio de la recuperación, de manera que el PIB podría aumentar un 10%, en el trimestre de verano, en términos inter-trimestrales. 


El impacto del Covid-19, además de significativo, ha sido heterogéneo y diferente al observado en 2008, porque ha afectado más a sectores de “consumo social” -la construcción no ha sido el detonante en esta ocasión-, a comunidades autónomas con mayor exposición a ellos, a jóvenes, y proporcionalmente más a mujeres y extranjeros. “La recuperación ya está en marcha, como consecuencia de las acciones de política económica para apoyar la demanda y los riesgos siguen sesgados a la baja, en un entorno con todavía elevadas incertidumbres, aunque comienzan a aparecer algunos factores que, en ausencia de rebrotes epidemiológicos de cierta dimensión, podrían acelerar el despegue de la actividad”. 

Elevada incertidumbre global

El desplome del PIB global, tres veces superior al de la Gran Recesión del 29, como consecuencia del confinamiento de las dos terceras partes de la población del planeta y la hibernación del 95% de las economías, dará paso a un despegue de la actividad no tan fulgurante como se predijo en las primeras semanas de la declaración del Covid-19 como epidemia mundial, pero que seguirá siendo en V, “aunque asimétrica, demorada en el tiempo, sin llegar a registrar forma de U”. Es el consenso de los tres expertos que se dieron cita en el desayuno informativo organizado hace unas semanas por Estrategias de Inversión. 

El director del Servicio de Estudios de Bankia, José Ramón Díez Guijarro, aclara que lo crucial es “anticipar el momento en el que se volverán a recuperar los niveles de crecimiento y creación de empleo en el cuarto trimestre de 2019” para el que baraja el primer semestre de 2022. Pero, en el corto plazo, “veremos las mayores caídas de PIB en décadas para las economías OCDE, con descensos trimestrales de dobles dígitos” tras los que “habrá que evaluar los daños estructurales” en la productividad, en el crecimiento potencial o en la inversión a medio y largo plazo. Domingo García Coto, director de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME) señala otro segundo factor que define la Gran Pandemia: “el majestuoso despliegue de medidas para frenar su caída” -monetarias y fiscales-, que “han evitado el colapso financiero y una depresión de grandes dimensiones” y han conseguido que la coyuntura “penetre en una fase de mejora de expectativas”. En las que también cuentan sobremanera los avances en investigación de vacunas y el reforzamiento de los sistemas sanitarios. Son, a su juicio, los “parámetros diferenciales” respecto de crisis precedentes. En parecidos términos se manifiesta Ricardo Gil, head of Asset Allocation de Trea AM, para quien la recesión “ha aflorado las debilidades del sistema, que se están paliando con las mismas herramientas que nos ha generado esta fragilidad”. Para Gil, “está claro que este año las compañías dan por perdido este ejercicio” y en el horizonte próximo “será vital no olvidarse de que la incertidumbre nos acompañará algún tiempo”. 

Los tres expertos comparten que el doble cambio de paradigma de las empresas, los gobiernos y los consumidores hacia la digitalización y la economía verde “viene impuesto por Europa”. Gil destaca que España “llega muy expuesta por su déficit fiscal y su deuda” a la hoja de ruta de la UE e interrogantes sobre “cómo se pagará la cuenta”, porque el endeudamiento contraído este año está cubierto por el BCE, que ha vuelto a inyectar dinero. “Pero que no puede alargar otros diez años un escenario de tipos de interés en negativo”. Al final -explica- el binomio neutralidad energética-digitalización será positivo para impulsar los potenciales de crecimiento, una anomalía de todas las potencias industrializadas en las últimas décadas, que han ido perdiendo las velocidades de crucero en sus PIB. Sin embargo, España necesita perfilar ajustes del gasto a la vuelta a la normalidad que hagan más eficiente su economía, combinadas con políticas activas de empleo. “Porque en un horizonte no lejano, las facturas se van a pagar y nuestro margen de maniobra es reducido”. También Guijarro saca a relucir que Bruselas “sólo nos va a dar dos años de tregua” y, como afirma el FMI - “hagan lo necesario del lado fiscal, pero guarden los recibos”- España tendrá que equilibrar sus cuentas y abordar sus desigualdades. “Muchas, regionales y de renta, aunque, por encima de todas, la generacional, porque los jóvenes no deberían volver a ser los que paguen los platos rotos”. En este sentido, García Coto reclama, incluso, un plan específico para ello ligado a la empleabilidad, la digitalización y la educación. Y un papel más activo de España en el liderazgo integrador de la UE. En asuntos como la Capital Market Union, donde las firmas diversificarían sus fuentes de financiación y accederían a capital en tecnología punta, con las que fomentar startups, de las que emergen unicornios. En la agenda reformista, convienen en recomendar recetas que garanticen las pensiones, un nuevo y eficaz sistema de financiación autonómico y cambios educativos que impulsen el capital humano y mejoras en la regulación del mercado laboral para acabar con el exceso de temporalidad. 

Guijarro destaca que, antes del plan de reconstrucción europeo, ya existían fondos importantes, además de las ayudas a los ERTES y el Mede, con 25.000 millones a un tipo del 0,1% a diez años, con la condicionalidad dirigida a gasto sanitario. “Hay que utilizarlos”. A medio y largo plazo, el acuerdo de la UE “marcará la política económica que debemos emprender”. Pero, en cualquier caso, “debemos aprovechar los 140.000 millones en términos brutos del montante de 750.000 -unos 80.000 netos descontando las aportaciones españolas al presupuesto comunitario- para abordar los grandes retos de este país”. Y siendo conscientes de que Bruselas “nos va a dar dos años de tregua en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que los deberes pendientes pasan inexorablemente por disponer de un plan de consolidación presupuestaria listo para corregir los déficits estructurales. O, dicho de otra forma: “de una vez por todas este país debería aclarar a qué combinación de ingresos y gastos debemos llegar para cerrar esa brecha. Teniendo en cuenta que hay diversas alternativas. Irlanda y los anglosajones, con baja tributación y fuerte dinamismo, o los escandinavos, con mayores presiones tributarias para financiar sus generosos estados de bienestar y atender las desigualdades”. Muchas de ellas -dice el director del servicio de estudio de Bankia, en el caso de España, regionales y de renta. Pero una por encima de todas: la generacional. “Los jóvenes no deberían volver a ser los que paguen de nuevo los platos rotos”.

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