Lo decía recientemente Ángel Martínez-Aldama, el presidente de Inverco, en un encuentro en el que se hablaba de la sosteniblidad del sector público de pensiones recordaba que las medidas adoptadas por los dos últimos ejecutivos españoles “han sido muy importantes y van a tener efectos sobre el factor de sustitución”. Se refería el experto al factor de sostenibilidad que se empezará a introducir a partir de 2019 y en el Estado tendrá en cuenta la esperanza de vida de la generación que se jubile cada año.  Si aumenta, la pensión pública
irá reduciendo el porcentaje que cobra sobre el último sueldo. Los españoles, los inversores que más confían en las pensiones públicas

Cuanto más vivamos más años cobraremos nuestra pensión, y eso haría menos sostenible el sistema. En Inverco han calculado que si en estos momentos un jubilado cobra el 80% de su sueldo, en el año 2060 cobrará apenas un 60% (el porcentaje en el que se encuentra la Unión Europea ahora mismo). A esta medida hay que añadir, que las pensiones ahora no se ajustan a la inflación, sino que solo subirán entre un 0,25% y un 0,50%.

Para Aldama la el problema de las pensiones en España no es un problema económico, sino de envejecimiento, “un reto demográfico”. En su opinión, a este ritmo las reducción de nuestra capacidad adquisitiva durante la jubilación será del 40%.  

tasa de sustitución


Todos los asistentes a ese encuentro tenían claro que el sistema público de pensiones en la situación actual no podrá hacer frente a todas sus obligaciones y que eso no es cuestión de largo plazo, sino de unos pocos años.

En opinión de Carlos Esquivias, gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de Unespa “las reformas introducidas, salvo que se recupere muchísimo el empleo no son suficientes”.  Solo hace falta recordar que en la última legislatura la llamada “hucha de las pensiones” se ha reducido a la mitad y que ahora mismo solo quedan unos 30.000 millones de euros que nos darían para suplir el déficit del sistema unos cuantos años más.

En este sentido, Ignacio Eyries García de Vinuesa, director General de Caser y vocal del Círculo de Empresarios, explica que “está fuera de discusión que el sistema público y su  excedente está a punto de agotarse y que habrá que sostenerlo con impuestos”.

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Lo tienen claro incluso los sindicatos. Carlos Moreno, economista de la Secretaría Conferderal de Protección Social y Políticas Públicas, de la CCOO apunta que “nadie pone en duda que es necesario reforzar el sistema de pensiones y no solo públicas”. En su opinión, “el problema de la sostenibilidad está determinado por el problema de crecimiento de este país y sobre todo con la situación salarial”, apunta el experto.

En lo que abundan todos estos expertos es que es necesario incentivar los llamados pilares II y III, los planes de empresas y los planes privados. Como la pensión pública ya no será suficiente, es necesario que los ciudadanos dispongan de otras fuentes de ingresos y para ello es necesario dar muchos pasos.

sector público


Entre otros, todo el mundo está de acuerdo en que es imprescindible la convocatoria del Pacto de Toledo u otro foro que permita debatir y reformar el sistema público de pensiones sin hacer bandera política.   De hecho, parece que todos los actores de la sociedad, patronal, sindicatos y sector coinciden que es imprescindible  llegar a un acuerdo y que este pasa inexorablemente por favorecer los planes privados y empresariales.

Aldama apunta que “si no se complementan todos estos planes tendremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los gobiernos deben trabajar en favor de la gran mayoría y, si no, vamos a tener un problema serio”.

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