En lo referido a la intermediación y a las ETTs, la oferta del PSOE propone que en un plazo de seis meses el Gobierno negocie con los agentes sociales acerca de la transposición de la Directiva Europea 2008/104 relativa a estas empresas, que podrán así ver ampliada su acción a ámbitos y sectores, como el de la construcción o la Administración, en los que todavía no ejercen.