Si hay algo que reprochan los ciudadanos a la clase dirigente y los mismos políticos lo usan como arma arrojadiza entre ellos no es otra cosa que la herida mortal que ha recibido la clase media en España. Entre sus propuestas atacan la tributación de las grandes empresas, las SICAVS y las cambios en las deducciones por aportaciones a planes de pensiones. 
Los expertos definen a la clase media como esa parte de nuestra sociedad que recibe entre un 75% y un 150% del salario medio español, que está en 1.634 euros al mes. La fuerte subida del desempleo, los recortes en materias sociales y la fuerte devaluación de salarios ha hecho que en España se reduzca ese soporte de cualquier sociedad moderna.

Explican que sólo en los últimos cuatro años el número de trabajadores que se encuentran bajo el umbral de la pobreza ha aumentado en un 5,3% hasta alcanzar la cifra de casi 6 millones.

A solo 16 días de las elecciones los expertos de Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, acaba de publicar una batería de medidas fiscales que “recuerdan la necesidad de acometer reformas fiscales para garantizar una redistribución equitativa de los ingresos que corrija los efectos más adversos de la crisis económica, entre ellos el empobrecimiento general de la población entre los años 2009 y 2014 y que ha acabado llevándose por delante buena parte de la clase media”, dicen.

Para ellos es fundamental parar la sangría de ingresos de las arcas del Estado. Explican que desde 2007 los ingresos
tributarios se han reducido en un 13% y, además, recuerdan que también hay que aflorar el dinero que se mueve en las tripas de la economía sumergida y que habría aumentado en alrededor de 60.000 millones de euros durante la crisis.

Explican que hay que poner en “marcha de un plan que reduzca esta bolsa en 10 puntos porcentuales, hasta el 13% o el 14% del PIB, en línea con el resto de países de la UE. Éste debe ir acompañado de medidas complementarias con las que se consiga recaudar, vía impuestos, un total de 25.000 millones de euros adicionales al año”.

Aunque han preparado una batería de más de 100 medidas, estas serían las diez medidas más importantes:

1. Hay que poner las cartas sobre la mesa: Elaboración de informes oficiales, realizados por expertos independientes, que pongan de relieve cuál es la verdadera cifra de economía sumergida en España y volumen del fraude fiscal y laboral.

2. Todos a una: El Estado y las comunidades autónomas deben remar en la misma dirección colaborando entre ellas. Los Técnicos reclaman la creación de una base de datos fiscales única que sea accesible para quienes trabajan en el control tributario en ambas administraciones.

3. Paraísos fiscales al descubierto: Recuerdan en Gestha que las grandes empresas y grandes fortunas son responsables de un 72% de toda la evasión fiscal que se produce en España. Para solucionarlo creen que es “imprescindible que las entidades financieras que operan en paraísos fiscales a través de filiales, faciliten la información de las personas o entidades que sean titulares de productos financieros en dicha entidad”. Es más, consideran que “en caso de no colaborar, pide que se emprendan una serie de medidas que puedan derivar, en los supuestos más graves, en la retirada de la ficha bancaria”.

4. Un IRPF más equitativo: Los técnicos proponen reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. En esta misma línea, piden aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

5. Más control a las SICAVS:
Debe incluirse un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

6. Igualdad de condiciones para grandes y pequeñas empresas: Actualmente, las pequeñas y medianas empresas españolas tributan a un 14,9%, mientras que las grandes corporaciones lo hacen realmente a un 6%. Para nivelar este desequilibrio se aconseja elevar el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones que ingresen más de un millón de euros de beneficio al año, lo que podría aportar unos 13.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas al año.

7. El que contamina, paga: Gestha propone una redefinición del amplio catálogo de impuestos medioambientales vigente

8. Reorganización de los efectivos para una mayor eficacia: Sólo un apunte, dicen en la organización que en la actualidad, el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude.

9. Más efectivos para perseguir el gran fraude:
En su opinión se necesitarían 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en nuestro país, que actualmente equivale al 24,6% del PIB.

10. Ciudadanos más concienciados, menos fraude fiscal: Para los técnicos es necesario crear una conciencia colectiva que condene el fraude y la corrupción a todos los niveles. Para ello proponen poner en marcha programas de información, sensibilización y educación fiscal ciudadana, así como reforzar entre la población una actitud de rechazo a la corrupción, evasión, contrabando, economía sumergida y abuso en los servicios públicos.

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