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Mis conocidos y amigos más liberales se echarán las manos a la cabeza con la idea de este artículo. Incluso yo mismo me enfrento a una contradicción respecto a mis convicciones anteriores. Siempre me ha parecido estupendo que muchas familias españolas tuvieran una vivienda para arrendar que completase el sueldo o la futura pensión de jubilación. Con una economía muy inflacionista en los 70, 80 y 90), adquirir otra casa y arrendarla era una forma de no perder poder adquisitivo (no tanto por el arrendamiento como por la revalorización del inmueble que siempre llegaba de forma brusca e inesperada). Además, una oferta financiera muy controlada y escasa por parte de la banca hacía casi imposible lograr ese objetivo en el mundo financiero. Y, lejos de demagogias, les puedo asegurar a los más jóvenes que este objetivo de segunda vivienda como inversión (casi siempre diferente a la vacacional) pasaba por todas las clases sociales desde la burguesía más pudiente, profesionales, funcionarios y, por supuesto, la clase obrera. He conocido en mi entorno personas que se esforzaban en ahorrar con un sueldo muy modesto por lograr esa tranquilidad futura de una vivienda que les generase una renta.
La pasada semana leí en un periódico económico que los inversores en viviendas de Madrid se marchaban hacia Cantabria porque con los elevados precios del castizo foro, la rentabilidad del alquiler había bajado mucho. Un dinero a la conquista de un nuevo mercado, el cántabro, en un sector que es el principal problema de los jóvenes españoles (además de los bajos sueldos que son la misma cara del conflicto generacional). La inversión en vivienda por parte de inversores nacionales y extranjeros, fondos y particulares ha perjudicado, sin duda, el acceso a la vivienda, creando ese cuello de botella en el que, de momento, las Administraciones Públicas, se han lavado las manos: rara vez hacen algo más que recoger el botín de los impuestos que la vivienda genera.
Las dudas me asaltan. ¿Sería correcto frenar estas inversiones? ¿Prohibirlas, incluso? No lo sé, pero está claro que perjudican a buena parte de la sociedad, aunque también benefician a otra. Recientemente, se ha vetado a los inversores la compra de otra segunda vivienda en una zona de las llamadas tensionadas. No sé el efecto que tendría o, tal vez, la única solución es que las administraciones o bien construyan, o faciliten la construcción a la iniciativa privada.
La vivienda es la punta más visible y comprensible de la llegada del mundo financiero a la economía real que se produce en no pocas ocasiones como entrada de elefante en cacharrería. Un buen ejemplo puede ser el mundo de la agricultura y ganadería. Con un objetivo de máxima eficiencia, grandes fondos de inversión entran en negocios de cría de animales o de plantaciones de cereal y olivos.
Un músculo financiero y una forma de explotación que pone contra las cuerdas a productores que no cuentan con volumen y tecnología para ser tan eficientes pero cuya presencia en el campo es imprescindible (los copartícipes de estos fondos viven en la gran urbe). No es necesario lograr la total eficiencia ni la máxima rentabilidad para poder vivir dignamente de su trabajo.
El campo es otro de los tabús que debería ponerse en cuestión para los inversores. Aunque no suene muy actual, habría que estudiar con detalle dónde se puede o no invertir para evitar el estrangulamiento de actividades o sectores a los que llega el dinero a espuertas.
Un riesgo que asumen voluntariamente los inversores bursátiles, pero que no debe impregnar al conjunto de la sociedad.
