Lo que empezó siendo un “shock” de oferta regional, que amenazaba con afectar a partes esenciales de las cadenas de valor globales, rápidamente se ha convertido en un problema de demanda por la necesidad prioritaria de limitar los contagios y, todo ello, se ha traducido en un aumento de la inestabilidad financiera. Esta triple naturaleza del problema y la falta de precedentes de una crisis sanitaria de una envergadura similar hacen muy difícil anticipar los escenarios económicos para los próximos trimestres, teniendo en cuenta que la información con la que contamos en estos momentos (primeros dos meses del año) sirve a estas alturas para muy poco. Los mercados estarían anticipando con una probabilidad del 80% una contracción de la economía mundial y ese es el escenario más factible.
La duración e intensidad de la misma dependerá de la resiliencia de la economía americana, determinada por la capacidad de respuesta de su sistema sanitario a un evento de este tipo, del momento en el que la actividad en China se vaya normalizando (las noticias son positivas, pero no concluyentes) y de la agilidad y coordinación de las medidas que ya están poniendo en marcha las autoridades económicas. La prioridad de la política económica debe ser evitar que un “shock” de naturaleza temporal termine provocando perdidas permanentes en el crecimiento potencial. Por tanto, más allá de las necesidades de salud pública, la prioridad son medidas micro que resuelvan los problemas de liquidez de empresas y autónomos. Ante las fuertes disrupciones que sufrirán en los flujos de caja los sectores más impactados, hay que aliviar el lado de los gastos, con calendarios de pagos adaptados a la nueva realidad.
En este sentido, el paquete de medidas anunciado por el BCE fue en la buena dirección. Poniendo en las manos del sistema financiero europeo casi un billón más de euros (TLTROIII) en unas condiciones muy favorables (-0,75% si se cumplen las condiciones), anunciando la disposición a comprar otros 120.000 millones de euros a través del QE (deuda pública y privada) y flexibilizando de forma temporal los requisitos de solvencia y liquidez del sistema financiero europeo. Además de facilitar el flujo de crédito al sector privado europeo, la flexibilidad en la utilización de esos 120.000 millones de euros (la clave de capital sólo se debe cumplir a final de año) supone una importante herramienta para limitar posibles repuntes de las primas de riesgo de los países más afectados por la crisis. Sin embargo, un error de comunicación de Lagarde en la rueda de Prensa, precisamente, declarando que el BCE no debe solucionar problemas de fragmentación en la zona euro (lo contrario al “whatever it takes” de Draghi), provocó una respuesta muy negativa del Comentario Semanal 13 de marzo de 2020 Página 2 de 2 mercado. Los efectos del dubitativo mensaje, subsanados a posteriori, reflejan la importancia de la comunicación en un momento como el actual y la necesidad de transmitir confianza a los agentes. Aunque en el fondo, todos pensemos que los grados de libertad con los que afronta el BCE este episodio no son excesivos y que la clave se encuentra en el lado fiscal.
En este sentido, pese a la gravedad de la crisis por el Covid-19 en la UE (casi 22.000 casos) no hay un plan de acción coordinado y la respuesta fiscal a estas alturas es muy tibia: 25.000 millones de euros (menos del 0,2% del PIB), de los cuales 7.500 son con cargo a los Fondos Estructurales, no fondos nuevos. Aunque la Comisión ha anunciado que los objetivos fiscales se relajarán, no es una concesión, ya que esa cláusula ya existe en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además de las medidas anunciadas en España (18.000 millones, de los que 14.000 son moratorias en el pago de impuestos), Italia ampliará los estímulos hasta 25.000 millones de euros (1,4% del PIB) y Alemania destinará 12.500 millones (menos del 0,4% del PIB). En cualquier caso, en toda la UE, las medidas adoptadas están muy por debajo de los 200.000 millones movilizados en 2008 por el Plan de Recuperación Económica (1,5% del PIB de la UE). Reino Unido, ya fuera de la UE, ha presentado un plan más contundente: 34.000 millones de euros (1,4% del PIB). La realidad es que, más allá de cubrir las necesidades inmediatas de gasto sanitario, como han hecho los gobiernos de Italia y España, no hay que tener muchas esperanzas en la puesta en marcha de grandes paquetes de gasto público en Europa. Los grados de libertad son limitados en la mayoría de los países afectados, como ponen de manifiesto los elevados déficits públicos estructurales (la potencia de fuego está en el norte de Europa) y eso nos lleva a la eterna discusión entre el diseño de un marco adecuado de disciplina fiscal en Europa y la mutualización de riesgos; un debate que parece difícil que se vaya a cerrar en el muy corto plazo. La esperanza es que los avances en el proyecto de construcción europea se suelen producir a golpe de crisis.
