Para empezar, la fiscalidad española penaliza el ahorro y la inversión con una estructura que grava las plusvalías, los dividendos y los intereses como si fueran privilegios de ricos, en una terminología digna de principios del Siglo XX, pero vigente hoy, por desgracia. Los tipos oscilan entre el 19% y el 30€% y este último tipo no es para ultramillonarios, sino para patrimonios de más de 300.000 euros. Menos de lo que vale un piso. No hablamos, por tanto, de grandes fortunas ni de evasores de manual, sino del ciudadano medio que se atreve a mover sus ahorros. El que pone en riesgo su capital para obtener algo más que un 0,25% anual en una cuenta bancaria. A ese, Hacienda le recuerda que las ganancias se comparten (confiscan, más bien). Las pérdidas, no.
En 2023, la Agencia Tributaria recaudó 3.884 millones de euros por rentas del capital y ahorro. Una cifra modesta. Menos del 3,2% del total del IRPF. Una cantidad ínfima si se compara con el impacto que esa fiscalidad provoca: miles de millones de euros bloqueados por miedo, por inercia o por pura desincentivación.
Mientras eso pasa, las OPV se cancelan, el dinero se va de España, el volumen negociado en Bolsa sigue siendo pírrico y las grandes corporaciones sólo quieren adelgazar sus estructuras.
La pregunta es sencilla: ¿qué ocurriría si elimináramos ese castigo? ¿Y si se exoneraran las rentas del ahorro de tributación? ¿Y si se permitiera que el capital trabajara con libertad? No por capricho ideológico, sino por puro cálculo económico. Imaginemos una España sin retenciones sobre el ahorro.
Un simple 10% de ese ahorro dormido en cuentas —unos 107.000 millones de euros— activado hacia inversión real o financiera, podría generar un impacto formidable en el tejido productivo. Multiplicadores conservadores estiman que eso supondría un impulso directo al PIB, generación de empleo y, con más rapidez de la que se cree, un aumento de la recaudación indirecta muy superior a los 3.800 millones que hoy se ingresan.
Más inversión significa más IVA, más cotizaciones sociales, más impuesto de sociedades, más IRPF por trabajo. Según la OCDE, el multiplicador fiscal asociado a este tipo de inversión oscila entre 1,2 y 1,5. Lo que se pierde por un lado, se multiplica por otro, con creces. Lo más importante es que se construiría una economía basada en la capitalización de sus ciudadanos, no en su mera condición de contribuyentes.
Por cada 100.000 millones de euros invertidos, podrían generarse entre 300.000 y 500.000 empleos nuevos, directos e indirectos. Esta nueva actividad económica provocaría, a su vez, ese repunte citado de la recaudación: más IVA, cotizaciones sociales, más Impuesto de Sociedades, IRPF...
Es decir, asumiendo una pérdida fiscal total por recaudación de IRPF del ahorro (esos 3.884 millones de euros), el saldo total sería netamente positivo: unos 5.000 más por IVA, 3.000 por cotizaciones, hasta 3.000 más por Sociedades y entre 1.500 y 2.500 millones adicionales por IRPF del trabajo. En conjunto, un beneficio neto anual de hasta 7.000 millones, siendo muy prudentes. Eso, sin contar los efectos menos visibles pero igual de relevantes: mayor cultura financiera, capitalización ciudadana, y una mayor independencia económica de los individuos.
El impacto macroeconómico sería directo y medible: mayor inversión implica más capital productivo, lo que podría traducirse en un impulso adicional del PIB de entre 0,5 y 1 punto porcentual. Algo vital: España necesita hacer crecer su economía, no hacerla engordar, que es lo que está ocurriendo. El PIB crece por aumento de población, no de actividad y productividad.
Por encima de todo, mejoraría la moral de la sociedad, algo tan importante en una ciudadanía que ya solo quiere ser funcionaria… Qué buenos fueron los tiempos del capitalismo popular, hoy tan olvidados.
La fiscalidad actual se mueve por prejuicios, no por incentivos. Se sigue viendo al ahorro como una anomalía y al inversor como un sospechoso. Se prefiere una renta del trabajo hipersometida a retenciones, aunque el ahorro sea el verdadero motor del desarrollo futuro. Así, se impide que fluya el capital privado que podría financiar innovación, crecimiento, vivienda, digitalización o expansión internacional.
La solución no pasa por subir tipos ni por buscar fórmulas nuevas de control. Pasa por liberar el ahorro, confiar en la iniciativa individual y dejar que el dinero vuelva a cumplir su función económica y social.
El dinero quieto no genera empleo. El que se pone a trabajar, sí. Si queremos una economía más dinámica, más capitalizada y más sólida, tendremos que empezar por quitarle el miedo a invertir al ciudadano. No a base de discursos, sino eliminando las barreras fiscales que hoy le empujan al letargo.
Penalizar el ahorro es castigar el futuro. Liberarlo no es una concesión a los ricos. Es sentido común económico.
Claro que parece que esa libertad financiera no gusta nada a los adalides de “no tendrás nada, pero serás feliz”. P
Por desgracia, en el momento de escribir esto, desde el Banco de España, el inefable José Luis Escrivá está diciendo que igualar el impuesto de Sucesiones, es decir, mangonear aun más en las herencias de la gente, es lo que sí daría esos 7.000 millones de euros.
