Tal y como se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y la necesidad de control del gasto público, el Gobierno, a través de este Real Decreto, ha establecido los criterios para acercar el régimen de las pensiones ordinarias de jubilación o retiro de las clases pasivas, así como su régimen de incompatibilidades, al régimen general de la Seguridad Social.

En concreto, lo que se aprobó es una reducción porcentual de hasta el 25% de la cuantía de las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad cuando los beneficiarios de dichas pensiones acrediten menos de 20 años de servicios al Estado, y la incapacidad o inutilidad que motive la jubilación o el retiro no inhabilite a su titular para toda profesión u oficio.

Esta reducción no afecta a los incapacitados absolutos y grandes inválidos, ni a los incapacitados en acto de servicio.

Además, se contempla la posibilidad de incrementar la cuantía de la pensión hasta el cien por cien si antes del cumplimiento de la edad de jubilación o retiro forzoso se produjera un agravamiento de la enfermedad o de las lesiones que inhabilitaran para el desempeño de toda profesión u oficio.

INCOMPATIBILIDADES.

Por otro lado, la norma desarrolla la regla general de incompatibilidad entre el percibo de las pensiones de jubilación o retiro con el ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena que dé lugar a la inclusión de sus titulares en cualquier régimen público de Seguridad Social.

Se hace, por lo tanto, incompatible que un jubilado o retirado perciba la pensión y reciba ningún otro tipo de remuneración al mismo tiempo, aunque sí se posibilita que los jubilados o retirados por incapacidad permanente total para las funciones propias de su cuerpo o escala puedan percibir pensión y retribución salarial, siempre y cuando la actividad que se desempeñe sea distinta a la que se venía realizando al servicio del Estado.

En estos casos, la cuantía de la pensión se reducirá al 75% o al 55%, dependiendo de si su titular tuviera o no cubiertos 20 años de servicios al Estado.


El Real Decreto también regula la concesión de una indemnización a favor de quienes hubiesen sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de la antigua legislación sobre vagos y maleantes o sobre peligrosidad y rehabilitación social.

Por otra parte, se determina también la composición y funcionamiento de la Comisión Interministerial creada para el reconocimiento de estas indemnizaciones, así como las normas relativas a la tramitación de las solicitudes y al pago de las prestaciones. Para financiar estas indemnizaciones se ha autorizado un crédito de dos millones de euros.