MADRID, 03 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- Todo apuntaba a que el consejo de ministros del viernes pasado aprobaría el polémico, y esperado, real decreto sobre las renovables, que fijará el nuevo mecanismo retributivo para este tipo de energías “verdes”. Así lo dio a entender el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, tan sólo un día antes... Pero finalmente el Gabinete de Mariano Rajoy no revisó dicho tema y, tal y como señalan, los expertos de Ahorro Corporación Financiera (ACF) “no se han dado respuestas convincentes sobre el retraso” en su visto bueno.
Estos expertos señalan, no obstante, que de esta demora “no esperamos, a priori, cambios sustanciales” en la normativa. Ahora bien, la firma aventura que el aplazamiento “podría deberse al temor del Gobierno a la respuesta legal de los operadores que ya está reflejando con distintas reclamaciones ante el Ciadi” (tribunal de arbitraje internacional). En este sentido, Cinco Días informaba, citando fuentes próximas al Ejecutivo, que la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, habría parado la aprobación para asegurar “la coherencia entre esta norma y el reglamento que la desarrolla”.
De hecho, el rotativo iba más allá al hablar de una reunión urgente entre Soria, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y los responsables del IDAE. Así las cosas, señalaba que el borrador del real decreto incluiría sólo un cambio relevante: se eliminaría el complemento de operación extendida en cogeneración, biomasa y algunos residuos, pero... a cambio se ampliaría la vida de 20 a 25 años en dichas tecnologías.
Para los analistas de Banco Sabadell esta noticia “no tiene impacto para las eléctricas”. Opina que, en todo caso, “la demora continua en la aprobación hace pensar que Industria podría en un momento dado estar dispuesta a rebajar los recortes ya conocidos en el borrador para causar menor revuelo legal en los afectados”. Esto, señalan, tendría un “sesgo positivo para el sector en el papel, pero el impacto sería limitado porque podría llegar a compensarse una medida con otra”.
Recordemos que la nueva legislación pondrá punto y final al sistema de primas que recibían hasta ahora la energía renovable y la cogeneración. El “tijeretazo” global se ha fijado en 1.700 millones de euros. Con el nuevo sistema, que desarrolla el concepto de rentabilidad razonable (7,5% antes de impuestos) avanzado cuando se aprobó el grueso de la reforma eléctrica el pasado mes de julio, el Gobierno busca un modelo de retribución más sostenible tras haberse abonado a través de la factura eléctrica primas superiores a los 50.000 millones de euros en la última década.
Así, la rentabilidad se calculará a partir de los tipos de referencia del Tesoro a diez años más un diferencial de 300 puntos básicos, con periodos regulatorios revisables cada seis años. Y cada tipo de planta quedará retribuida conforme a unas estándares fijados en el nuevo real decreto. De confirmarse las estimaciones preliminares, desde ACF calculaban a principios de año que “el sector eólico asumirá un 67% del recorte total esperado de 1.750 millones en el régimen especial, es decir, unos 1.173 millones que sería sensiblemente superior al 30,8%-32,1% de las estimaciones iniciales, es decir unos 400-500 millones”.
Cabe destacar que las compañías con más exposición al segmento eólico son Iberdrola, con 5.512 MW y cuota del 24,2%; seguida de Acciona, con 4.228 MW y una cuota del 18,6%; de Energías de Portugal, con 2.085 MW y un 9,2% de cuota; y por último, de Enel, con 1.403 MW y un 6,2% de cuota.
Asumiendo estas cuotas de mercado, señalaban desde ACF que en los recortes del sector eólico obtendríamos un impacto negativo en Iberdrola de 284 millones y de 220 millones en Acciona. Para la eléctrica española, “el impacto ascendería al 4% del EBITDA previsto para 2014 superando los 121 millones estimados inicialmente que llevarían a esta magnitud a descender un 7,6%”, dicen desde ACF. Mientras, para Acciona el efecto negativo supera las previsiones de estos analistas y supone una rebaja adicional del 9,1% en sus previsiones de EBITDA, siendo el impacto total de la medida del 16,4% en el resultado operativo y supondría absorber la totalidad del beneficio neto.
S.C.
