La CNMC ha determinado el valor de la regularización de la factura eléctrica de los 15 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada (precio voluntario al pequeño consumidor o PVPC) hasta marzo. Así pues, la diferencia entre el precio intervenido por el Ministerio de Industria tras la anulación de la subasta Cesur de diciembre (48,48 euros MWh) y el precio que realmente resultó en el mercado diario entre enero y marzo (26,27 euros MWh).
Según los cálculos de la CNMC, el importe total a devolver por las compañías es de 246 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle los impuestos que los consumidores han pagado por lo facturado de más en el primer trimestre (un 21% de IVA y un 5% por el impuesto eléctrico), con lo que el monto total asciende a 310 millones de euros. Por tanto, 64 millones serán reembolsados por Hacienda.
Evidentemente, la cantidad a devolver dependerá de la tarifa y el consumo de cada usuario pero, según los cálculos del Ministerio de Industria, a un consumidor de 3,3 kW de potencia contratada y 3.000 kWh de consumo anual se le devolverán 25,5 euros. O a una familia con dos hijos, 4,4 kW de potencia y un consumo al año de 3.900 kWse le devolverán 33,2 euros.
Este es el último varapalo a las maltrechas eléctricas que siguen repercutiendo en sus cuentas los gastos de la reforma eléctrica. En el caso de las utilities cotizadas en nuestra bolsa, si sumamos las pérdidas que les han acarreado las cambiantes reglas del juego, el monto total superaría los 5.000 millones de euros.
Según las expectativas de beneficios que recoge el consenso de expertos de FactSet, no todas las energéticas lograrán dejar atrás el impacto de los recientes cambios regulatorios. Así pues, la utilitie más grande de nuestro país, Iberdrola, seguirá reduciendo su Ebitda, desde los 7.205 millones con los que cerró 2013, a los 6.879 millones que se esperan para este año. Precisamente los constantes cambios regulatorios han enervado a la cúpula de Iberdrola. Hace unos días, su consejero-director general, José Luis San Pedro, afirmaba que el órgano regulador eléctrico español es "el peor" de todos los países donde la compañía vasca tiene presencia.
