El sector financiero italiano ha estado bajo una gran presión tras el Brexit. El banco italiano más antiguo, Monte dei Paschi, recibió una carta de advertencia del Banco Central Europeo pidiendo que respondiera a su plan de acción para hacer frente a su elevado nivel de créditos impagados.
 
Esto ha llamado la atención sobre la morosidad que se extiende por los balances de los bancos italianos, estimada en alrededor de 360.000 millones de euros, de los cuales 200.000 millones están catalogados como préstamos morosos. 

A pesar de la puesta en marcha del fondo Atlante, destinado a la compra de créditos impagados y a la recapitalización de los bancos en dificultades, los mercados están añadiendo más presión sobre las instituciones para que resuelvan estos asuntos.
Aunque esto supone un serio problema tanto para los bancos como para el gobierno italiano, es poco probable que veamos un saneamiento definitivo de los balances de los bancos, tales como la creación de un banco malo financiado por el estado. Esto requeriría recursos y acuerdos políticos que son muy difíciles de alcanzar a corto plazo. Dada la gran cantidad de créditos impagados y los problemas políticos actuales,  cualquier solución a corto plazo traería aparejada un problema.

Sin embargo, aunque es discutible si el Estado italiano conseguiría la aprobación europea para apoyar directamente a las instituciones bancarias a través de un rescate, en general se descuenta que si hay que rescatar a alguno de los bancos principales, los temores se propagarían al resto de prestamistas italianos.

Para evitar que los miedos se impongan a la razón es importante hacer un balance sobre la situación real de los bancos italianos. Esto se puede hacer mediante los test de estrés de los balances de las principales instituciones bancarias o calcular el déficit de capital, en relación a los actuales requerimientos regulatorios, bajo diferentes escenarios.

Lo que dicen los números
En primer lugar, aunque el montante bruto de la morosidad para los seis principales bancos italianos ronda los 230.000 millones de euros, la porción de este stock que suponen los créditos malos es de alrededor de 130.000 millones y, lo más importante, muestra que su valor en libros es mucho menor y ronda el 40% de su valor bruto o 60.000 millones de euros. Los test de estrés se centran en el stock no cubierto de préstamos impagados y asumen lo siguiente:
  • Un valor de mercado para los créditos malos de entre el 15% y el 20%
  • Un tasa objetivo de Créditos Malos / Préstamos Totales de entre el 0% y el 5% (media actual del 12%)
  • Un objetivo de cobertura para los créditos restantes (mayor recuperación) de la morosidad del entre el 35% y el 40%
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Bajo estas condiciones, el déficit de capital oscila entre 8.000 y 25.000 millones de euros, un tamaño que todavía es gestionable si se considera que el test simula un ajuste realizado de una
 
sola vez, mientras que un plan de este tipo tardaría en llevarse a cabo al menos tres años  (según la petición del BCE para Monte Dei Paschi). Además, el déficit de capital no es el mismo entre los prestamistas, dado que se concentra en unos pocos nombres (Monte y Unicredit), mientras la mayoría de las instituciones disponen de la suficiente cantidad de capital para afrontar un ajuste auto gestionado de sus propios balances.

Finalmente, el coste de comprar el stock de préstamos morosos oscilará entre 15.000 y 25.000 millones de euros, por los que es obligatorio que un plan de este tipo cuente con el tiempo suficiente para desarrollarlo y que incluya una intervención estatal. La forma en la que el gobierno italiano estará involucrado dependerá de las negociaciones con Bruselas, pero mejoraría el precio de venta de los créditos impagados así como reduciría el impacto en el capital de los bancos, aunque con un coste mayor para los compradores de créditos morosos.

Qué será lo próximo
A medio plazo, el plan requeriría en cualquier caso capital privado adicional, tanto para recapitalizaciones como para compras de créditos morosos y debería incluir algún acuerdo de amortización de las pérdidas durante un periodo más largo. Esto impactaría las valoraciones en renta variable como resultado de la reducción de la rentabilidad durante algunos años, pero en el aspecto positivo protegería a los bonistas y daría estabilidad al sistema financiero.