A inicios del mes de mayo fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled remitió un escrito al juez que investiga el expolio del Palau de la Música, en el que solicitó el embargo de estas sedes que la formación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ofreció como fianza, una vez apalabrada la venta de su sede central en Barcelona a un grupo asiático, que figuraba por garantía ante el juzgado por el proceso judicial y no se encontraba embargada, informa Efe.Lea también: Artur Mas se pronuncia sobre el caso Pujol: “No es un corrupto”Además, el fiscal reclamaba a Convergencia que incrementara el aval para hacer frente a una presunta responsabilidad civil ya que los inmuebles suponen unos 3,2 millones de euros. El fiscal había aumentado la cantidad que pedía a CDC hasta los 6,6 millones, después de descubrirse que esta sería la cantidad que habría ido a parar a las arcas del partido del ex president de la Genetalitat, Jordi Pujol, fruto del expolio del Palau de la Música.El caso es que la sede central valorada en 12,3 millones de euros cubría con creces esta responsabilidad civil que el fiscal reclama para CDC, pero los 15 nuevos inmuebles compensan apenas la mitad de la nueva cantidad impuesta por el Ministerio Público.El pasado 24 de abril, la formación nacionalista anunció la venta de su sede corporativa, situada en la calle Córcega de Barcelona, a un grupo inversor de Hong Kong, señala la agencia, y aseguró que había depositado otros bienes inmobiliarios en el juzgado como garantía de pago de la fianza de 3,2 millones que inicialmente le exigía el juez instructor.Las sedes y locales que CDC aportó al juzgado están ubicadas en Amposta, Casteldefels, Figueras, Granollers, Hospitalet, Capellades, Lérida, Mataró, Mora de Ebro, Reus, San Baudilio de Llobregat, Tarragona, Tortosa, San Feliú y el barrio de Gracia de Barcelona.EL CASO PALAUPor otra parte, el juez ha dado por cerrada la parte de instrucción del caso Palau y en su auto -que es recurrible- el juez concluye que CDC cobró comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, explica La Razón.Ferrovial abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada" por la GeneralitatEl titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantiene imputado mantiene imputado al ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, cuya defensa había pedido el archivo por prescripción, y exculpa al ex diputado de CiU Jaume Camps.El auto insiste que presuntamente Ferrovial "abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada" por la Generalitat y otras instituciones públicas.De este 4 por ciento, un 2,5 se asignaba a CDC y el 1,5 restante era supuestamente para el presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y para su mano derecha, Jordi Montull, explica Europa Press.Por parte del partido, presuntamente intervinieron en el desvío de fondos el extesorero Carles Torrent --fallecido en 2005--, su sucesor, Daniel Osácar, y el que entonces era un destacado militante y abogado Jaume Camps; también lo hicieron "otros altos responsables del partido" pero cuya identidad no ha sido posible desvelar, según el juez.Entre las obras por las que CDC cobró supuestas comisiones están la construcción de la línea 9 del Metro, la Ciudad de la Justicia y un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).Más allá del supuesto desvío de fondos a CDC, el juez concluye que entre 2003 y 2009 Millet y Montull se dedicaron a "un verdadero expolio de los fondos" del Palau de la Música: lo hicieron presuntamente apoderándose directamente de fondos, abonando gastos particulares con ello o destinándolo a pagos a terceros.Lee además:Las claves de la comparecencia de los Pujol ante el Parlament de Catalunya: ni comisiones ni paraísos fiscalesJordi Pujol insiste en el Parlament en que el origen del dinero no es público y en que Mas no sabía nada
Decretan el embargo de las 15 sedes de Convergència por el caso Palau
El juez instructor del "caso Palau", a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha decretado el embargo de las 15 sedes que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aportó como aval para evitar la confiscación de su central.
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